Por Leslie Mayorga
Radar Peninsular
Con la incorporación de la Policía Municipal al mando único y la ratificación de Jesús Pérez Abarca como secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, se pone fin a los actos de insubordinación que vivió dicha dependencia el pasado 5 de noviembre, cuando más de 320 elementos comenzaron un paro laboral y sacaron a empujones de su oficina al jefe policiaco local.
En medio de una ola de incertidumbre, el pasado 30 de septiembre, Jesús Pérez Abarca, exjefe policial de Cuautla, fue nombrado como encargado de despacho de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito en Benito Juárez, en sustitución de Darwin Puc Acosta.
Desde la llegada, sus antecedentes en el Estado de Morelos salieron a la luz, principalmente aquellos en los que se le señalaba por abuso de autoridad, prepotencia y malos tratos, acciones que, de acuerdo con los medios y afectados, provocaron que su propio personal lo sacara a jalones de su oficina para destituirlo de su cargo el 8 de septiembre de 2015.
Se señaló que el entonces director operativo del mando único en Cuautla, era acusado por sus propios elementos de abuso de autoridad y de no entregarles el mínimo equipo para trabajar; sin embargo, en todo momento fue cobijado y protegido por Alberto Capella Ibarra, actual secretario de Seguridad Pública Estatal en Quintana Roo.
Desde el día primero, los agentes tomaron a mal algunas de las decisiones del secretario “foráneo”, el cual en todo momento los acusó de estar involucrados con el crimen organizado y de faltar a su labor, aunado a que intentó implementar turnos de 24 horas continuas, con descanso de 24 horas, a los elementos de la Policía Municipal.
Los constantes cambios de rutina comenzaron a inquietar a los elementos, quienes decidieron formar un frente común para tratar de imponer sus reglas, lo que al final resultó bastante mal para ambos lados, pues una serie de mensajes escritos en mantas, señalando a los altos mandos y a la misma tropa, comenzaron a aparecer por la ciudad.
Y es que mientras que los elementos señalaban al encargado de despacho de enviarlos a tomar fotografías a casas de empresarios y delincuentes, de amenazarlos con correrlos o hacerle daño a sus familias si no cooperaban, Pérez Abarca y el mismo Alberto Capella Ibarra, acusaron a los agentes de la Policía de colocar las amenazas escritas en diversos sectores, de ser insubordinados y de trabajar para la delincuencia.
Esta serie de “dimes y diretes” provocaron ira entre los dos bandos, la cual estuvo a flor de piel el pasado 5 de noviembre del año en curso, cuando de la noche a la mañana, más de 320 elementos de la Policía Municipal comenzaron un paro laboral, aun cuando actualmente se reciben más de 200 reportes al día de índices violentos y que el municipio de Benito Juárez acumulaba 480 ejecuciones.
Aún con estas estadísticas, los elementos guardaron las patrullas, formaron una barricada y se instalaron en el edificio de la importante Secretaría dedicada principalmente al trabajo de prevención, asegurando que no se moverían hasta que las autoridades municipales respondieran a sus exigencias.
Bastaron cinco minutos para que Pérez Abarca fuera expulsado de la Secretaría que estaba a su cargo desde hace apenas un mes y seis días, por lo que no le quedó más que hacer las llamadas necesarias y retirarse de la zona para evitar agravar la situación. Tras él, fueron sacados el escolta personal del “jefe” y el encargado del C2.
Las reacciones no tardaron en llegar, pues más rápido que el show anterior, Capella Ibarra ordenó cortar toda comunicación de la Policía Municipal con las otras dependencias e incluso con el C4 (a donde llegan todas las llamadas de emergencia), tanto por vía radio matra como la radio de las patrullas, lo que de inmediato alertó a los elementos sobre una posible incursión y asalto por parte de otras dependencias de seguridad.
Se dijo que, tras el altercado, que la Marina Armada de México y la Policía Federal tomarían posesión de la Secretaría Municipal, pero nada pasó.
mo sospechando lo que venía, el turno de la noche, con 400 elementos a bordo de 30 patrullas, aún sin comunicación, salieron a las calles a trabajar a velar por la seguridad, aún con la incertidumbre de lo que podría pasar, hasta que a través de las redes sociales, el Gobierno Municipal y Estatal hicieron un frente común, en el cual se buscaría sanciones a nivel salario para los agresores e incluso el despido de al menos 170 elementos que habían incurrido en delitos.
Un día después, ya con todas las patrullas en la calle y vigilando de lejos a bordo de una unidad de la Policía Estatal, Pérez Abarca acudió ante el Ministerio Público del Fuero Común para interponer una denuncia penal en contra de los elementos de municipales bajo su mando.
La denuncia fue recibida prácticamente a puerta cerrada en la Fiscalía General del Estado, iniciándose el Número Único de Caso 5534/2018, por los delitos de motín, sedición y contra el buen despacho de la administración pública, en agravio del jefe policíaco.
Esto hizo que todos los elementos “doblaran las manos”, quienes a través de sus representantes entregaron un documento ante la Dirección de Asuntos Internos y Dirección Jurídica de la Secretaría en el que aseguraban que trabajarían en paz con el secretario, con las disposiciones del alto mando.
Mientras tanto, en el Gobierno Municipal se cocinaba algo mejor, pues después de que se informara que la seguridad del municipio quedaba en manos de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, como en un mando único, también se ratificó el pasado 10 de noviembre a Pérez Abarca como secretario de Seguridad Pública Municipal y Tránsito, dejando en claro que no habrá cabida para otro espectáculo de este tipo.
Fue la propia presidenta municipal, Mara Lezama, quien en conferencia de prensa declaró que el Gobierno del Estado y en particular el secretario de Seguridad Pública estatal, serán los responsables de ejecutar la estrategia para recuperar la paz y la tranquilidad en todas las regiones del municipio, así como de informar al Cabildo y a la ciudadanía de los avances, acciones y resultados en estos temas.
Resaltó que, con este convenio, la autoridad estatal se compromete a depurar, capacitar, equipar, operar y conducir los cuerpos policiacos, mientras que las capacidades municipales se concentrarán en la prevención social de la violencia.
En medio de la confusión y para hacer frente a la crisis, la presidente municipal, Mara Lezama Espinoza, hizo su arribo para mostrar empatía con los elementos, para escuchar sus exigencias, pero sobre todo para llegar a un acuerdo. No funcionó.
Los agentes le exigieron la destitución de Jesús Pérez Abarca y sin decir no, Lezama Espinoza recordó que este tipo de decisiones se tomaban en conjunto, desde más arriba, pues para retirar de su puesto al funcionario se necesitaba de la aprobación del Gobierno Federal y Estatal, además del Cabildo, lo que hizo estallar en gritos a los uniformados.
La actual administración presentó a Jesús Pérez Abarca como “la mejor opción, con larga trayectoria”. Al tomar el mando, el funcionario ya era esperado por los casi dos mil elementos que laboran al interior de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, principalmente por los mil 300 agentes que forman parte del sector operativo, los cuales a través de los años han peleado por un salario digno y que en pasadas administraciones han sido sobajados.
-Tiene instrucción especializada en materia de seguridad y protección
-Cuenta con la Carrera Técnica en Seguridad Pública
-Fue instructor de grupos especiales de la ahora extinta exprocuraduría General de Justicia del Estado; de Seguridad Pública, la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar
-Trabajó dentro de la Subsecretaría de Reinserción Social
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