El gobierno federal está decidido a destrabar el proyecto del Parque Jaguar de Tulum, luego de que ha salido a relucir una serie de inconsistencias en la zona ubicada al norte de la cabecera municipal, al estar tomada por un grupo de desarrolladores Yucatecos que se hacen pasar como propietarios de una amplia extensión.
Y es que a pesar de que estos empresarios presentan títulos de propiedad, hoy se sabe que éstos son apócrifos, de acuerdo al gobierno de Quintana Roo.
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El problema inició durante el proceso de transición de los gobiernos de Joaquín Hendricks Díaz y Félix González Canto, cuando hubo una serie de irregularidades en la adquisición de propiedades a través de títulos de propiedad apócrifos.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de la Sedatu, tiene conocimiento de dichas transacciones de los entonces representantes estatales que aprovecharon el cambio de poder en la entidad para beneficiar a decenas de colaboradores con la entrega de títulos de propiedad falsos.
Ahora -casi 20 años después- el gobierno Federal a través de la Sedatu, tiene un proyecto ambiental en esta zona denomiado Parque Jaguar y está decidido a destrabar el caso.
La dependencia ha solicitado información sobre un desarrollo denominado “Kaybé” del Grupo Emérita, de 20 hectáreas de extensión, anunciado en mercados inmobiliarios como “el único desarrollo en México que cuenta con un parque multisensorial integrado a la perfección con la selva maya, y amenidades exclusivas “, propiedad de los hermanos Manuel y Carlos Palma Rodríguez.
De acuerdo al gobierno municipal, este proyecto no cumple con el ordenamiento del Plan de Desarrollo Urbano (PDU), ni con las áreas de donación exigidas, además de que se le acusa por haber devastado la zona del Parque Jaguar.
Para las autoridades de la Sedatu, los hermanos Palma han incurrido en defraudación, al vender terrenos ubicados dentro de una reserva que el Gobierno Federal ha proyectado para beneficio de todos los mexicanos.
El secretario Román Meyer Falcón cuenta con información sobre dicha propiedad y de cómo se obtuvieron dichos títulos, para proceder de acuerdo a la legalidad y sancionar en caso de existir fraudes inmobiliarios y documentación apócrifa.
