Un fallo emitido por el Juzgado Octavo de Distrito en Quintana Roo ordenó la demolición del edificio Adamar Solimán ubicado en las inmediaciones del santuario ecológico Xcacel-Xcacelito de Tulum.
Esta área es reconocida por ser uno de los principales puntos de anidación de la tortuga marina en el Caribe mexicano, y por tanto muy ecologicamente vulnerable.
La sentencia es resultado de un amparo promovido por ciudadanos organizados, y representa un nuevo triunfo para la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), conformada por abogadas ambientalistas que también han emprendido acciones legales contra otros proyectos considerados dañinos para el ecosistema de la región.
La orden judicial instruye a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a emprender las acciones legales pertinentes para asegurar la demolición del edificio Adamar Solimán.
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Esta obra fue impulsada por la empresa Desarrollos Tulum Dieciséis y publicitada por el grupo inmobiliario The Partner Group. El proyecto se localiza a aproximadamente 10 kilómetros al norte del centro de Tulum, en la zona de Bahía Solimán.
Según documentación presentada por DMAS, el agente inmobiliario detrás de la operación es Miguel Jasso, vinculado anteriormente a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servitur) en Playa del Carmen. El colectivo acusó que el proyecto no solo violaba disposiciones ambientales, sino que buscaba posicionarse en el mercado por varios millones de dólares pese a sus posibles daños ecológicos.
Tras múltiples quejas y denuncias ante instancias como la Profepa, y luego de que los afectados recurrieran sin éxito a otros abogados —uno de ellos en Playa del Carmen, señalado por cobrar sumas considerables sin resultados—, DMAS asumió la representación legal que culminó en el fallo del pasado 13 de agosto.
La resolución establece que: “El Juzgado concedió el amparo a favor del quejoso y resolvió que PROFEPA: se debe de ejecutar de manera activa y oficiosa la restauración ambiental ordenada, es decir la demolición”.
Además, la sentencia indica que “la empresa está obligada a hacer efectivas las sanciones económicas y dar seguimiento a la querella penal por delitos ambientales presentada ante la Fiscalía General de la República. No puede delegar en la empresa sancionada la responsabilidad de cumplir con las medidas de restauración”.
Este es el segundo fallo favorable para DMAS en menos de tres meses. En junio, la misma organización logró que se dictara la demolición del edificio Maiim, otro proyecto ubicado también en la Bahía de Solimán, acusado de afectar gravemente el entorno natural.
Con Información de Agencias
Un juez federal ordenó demoler el edificio Adamar Solimán, en Tulum, aledaño a la zona de anidación del santuario de la tortuga marina Xcacel Xcacelito, tras un amparo otorgado a favor de ciudadanos.
El Juzgado Octavo de Distrito de Quintana Roo ordenó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a su vez, iniciar procedimientos legales para ordenar la demolición del edificio Adamar Solimán, que promoventes empresariales buscaron negociar en millones de dólares sobre la playa y en menoscabo de la fauna local.
Es el segundo caso de este tipo que gana la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), integrada por un grupo de abogadas que también interpusieron amparos contra el desmonte de selva ejecutado sin permisos en la ahora vía del Tren Maya.
A finales de 2023, inició la construcción del del edificio en Bahía Solimán por Desarrollos Tulum Dieciséis y promocionado The Partner Group. A unos 10 kilómetros al norte de Tulum pueblo.
El principal agente inmobiliario, de acuerdo con publicaciones en redes sociales y señalado por DMAS, es Miguel Jasso, quien estuvo relacionado con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servitur) Playa del Carmen.
Tras diversas denuncias ante la Profepa y otras autoridades, incluso un abogado de Playa del Carmen que, señalan quejosos, cobró relevantes cantidades de dinero sin dar una solución al caso, DMAS intervino a solicitud de los afectados. Así, el pasado jueves 13, el Juzgado Noveno de Distrito emitió la sentencia dictada dentro del expediente.
El Juzgado Octavo de Distrito, dentro de la sentencia emitida dictó que: “El Juzgado concedió el amparo a favor del quejoso y resolvió que PROFEPA: se debe de ejecutar de manera activa y oficiosa la restauración ambiental ordenada, es decir la demolición” (sic).
Además: “la empresa está obligada a hacer efectivas las sanciones económicas y dar seguimiento a la querella penal por delitos ambientales presentada ante la Fiscalía General de la República. No puede delegar en la empresa sancionada la responsabilidad de cumplir con las medidas de restauración”.
Es el segundo caso que gana DMAS porque en junio pasado ganaron un recurso similar contra el edificio Maiim, también en bahía Solimán, Tulum.
