Un hombre identificado como Juan Carlos “N”, alias “Coquerito”, fue vinculado a proceso por su probable participación en un caso de trata de personas en su modalidad de utilización de menores de edad en actividades delictivas, relacionado con tres adolescentes originarias de otros estados del país.
De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, el imputado permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial en su contra, luego de que un juez de control considerara suficientes los datos de prueba presentados por la autoridad ministerial para avanzar en la investigación.
Las indagatorias señalan que el caso estaría vinculado a una posible red de reclutamiento de menores de edad, en la que las víctimas habrían sido contactadas a través de redes sociales y otros medios digitales. Entre las plataformas mencionadas se encuentran Facebook, WhatsApp y TikTok.
Según la información preliminar, a las adolescentes se les habrían ofrecido supuestas oportunidades laborales en el sector turístico en Tulum, como empleos de meseras, cocineras o personal en establecimientos hoteleros y restauranteros. Posteriormente, habrían sido trasladadas desde sus lugares de origen hacia Quintana Roo.
Las víctimas, tres adolescentes originarias de Tamaulipas y Michoacán, habrían sido incorporadas a actividades ilícitas una vez en el destino, de acuerdo con la hipótesis que mantiene la autoridad investigadora, la cual continúa en desarrollo.
La detención del señalado se realizó mediante un operativo en el que participaron agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía especializada en delitos de trata y explotación de niñas, niños y adolescentes, en coordinación con corporaciones de seguridad estatal.
Como parte del proceso, el juez determinó la imposición de prisión preventiva por un periodo de dos años, medida que se mantendrá vigente mientras se desahogan las etapas del procedimiento penal.
Las adolescentes fueron canalizadas al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde reciben atención y acompañamiento conforme a los protocolos de protección a menores de edad en situación de vulnerabilidad.
La Fiscalía estatal informó que la investigación continúa abierta para determinar si existen más personas involucradas en los hechos y para establecer el alcance de la posible red de captación y explotación de menores.
