La ley fue aprobada por 34 votos a favor y 19 en contra en el Senado, tras haber sido ratificada previamente en la Cámara de Representantes con una amplia mayoría de 101 votos a favor y 13 en contra.
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Esta medida, que ha logrado el apoyo de una parte significativa de la oposición, busca abordar los crecientes problemas relacionados con el acoso en línea y el impacto negativo de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes.
En términos prácticos, la nueva legislación prohíbe a las plataformas de redes sociales permitir que los menores de 16 años, incluidos aquellos que ya tienen cuentas, accedan a sus servicios.
Facebook, Instagram (de Meta), TikTok, Reddit, Snapchat y X, entre otras, deberán implementar mecanismos para verificar la edad de los usuarios, lo que podría implicar el uso de tecnologías avanzadas como la verificación biométrica. Si las plataformas no cumplen con estas nuevas exigencias, podrían enfrentarse a sanciones económicas de hasta 49.5 millones de dólares australianos (aproximadamente 32.1 millones de dólares estadounidenses).
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, fue el principal impulsor de la ley, que no contempla sanciones para los usuarios ni para los padres que no respeten la restricción de edad.
Según Albanese, el objetivo es garantizar que las empresas tecnológicas tomen las medidas necesarias para impedir que los menores de 16 años accedan a las redes sociales. En un debate reciente, la senadora laborista Jenny McAllister afirmó que las multas son «intencionalmente altas» para incentivar el cumplimiento de la normativa.
El gobierno australiano ha designado a la Comisión Australiana de Seguridad Electrónica para supervisar que las plataformas implementen «medidas razonables» para restringir el acceso de los menores, como el uso de tecnologías de verificación de edad más estrictas. A pesar del apoyo de gran parte del Parlamento, la ley ha generado críticas de varios sectores, incluidos defensores de los derechos humanos y expertos en salud mental.
David Shoebridge, senador del Partido Verde, calificó la ley de «profundamente defectuosa» y advirtió sobre los posibles efectos negativos de la medida. Según Shoebridge, la legislación podría tener un impacto desproporcionado sobre jóvenes vulnerables, en particular aquellos del colectivo LGBTIQ+ en áreas rurales, quienes suelen encontrar apoyo en las redes sociales. Además, el senador subrayó que la ley podría comprometer la privacidad de todos los usuarios, incluidos los adultos, al forzar un sistema de verificación de edad masiva.
Desde la perspectiva de Amnistía Internacional, la nueva ley no aborda el problema central de las redes sociales, que según la organización sigue siendo el modelo de negocio basado en contenidos perjudiciales, algoritmos adictivos y la vigilancia masiva de los usuarios.
La organización ha señalado que, aunque la ley busca proteger a los menores, no resuelve los problemas estructurales que alimentan la toxicidad de las plataformas digitales.
Con la aprobación de esta legislación, Australia se une a una creciente lista de países que han comenzado a implementar restricciones sobre el acceso de los menores a las redes sociales.
España, por ejemplo, había establecido previamente una edad mínima de 14 años para registrarse en plataformas sociales, aunque actualmente está en proceso de elevarla a 16. Otros territorios como Puerto Rico y Nueva York también han adoptado medidas similares, en un contexto global donde aumenta la preocupación por los efectos del uso de las redes sociales en la juventud.