El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y la cooperativa de apicultores ´U Lol Ch´ saludan la recomendación 082/ 2018 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a cuatro autoridades federales, por incumplir su obligación de restringir el uso y comercialización de plaguicidas de alta peligrosidad en agravio de la población de la región, así como la aceptación de la misma por parte de las dependencias señaladas.
“Celebramos esta recomendación de los Derechos Humanos, como un primer paso para frenar el uso de agroquímicos altamente tóxicos y mortales para ecosistemas vitales que forman parte del sustento económico y de vida de miles de familias en la Península de Yucatán ”, afirmó Luis Alberto Cauich, secretario de la cooperativa de apicultores U Lool Che.
Página oficial de la cooperativa de apicultores U Lool Che.
En la Península de Yucatán el uso de plaguicidas y agroquímicos han sido trágicas.
La recomendación, emitida el 26 de diciembre del 2018 y difundida este 9 de enero, reconoce la violación a los derechos humanos a la alimentación, el agua salubre, a un medio ambiente sano y a la salud.
En términos muy generales, a través de él, la CNDH exhorta a las autoridades citadas, a cumplir con los tratados y convenios internacionales y a emitir lineamientos para prohibir o regular el uso de agroquímicos.
Añadieron que al no hacerse pública la información respecto a la utilización de dichas sustancias y sus efectos en la alimentación, la salud y el medio ambiente, se vulneró el derecho humano al acceso a la información.
El organismo abrió una investigación que confirmó lo denunciado, ratificando que la omisión de las autoridades para no restringir el uso de agroquímicos ha provocado daño a la salud de personas y ecosistemas, con enormes y costosos impactos económicos y afectación a la calidad de vida de la gente.
Durante el Encuentro Maya Peninsular de Resistencias, celebrado en diciembre pasado en el ejido de Dziuche, en José María Morelos, Quintana Roo, informaron que análisis hechos por la Universidad de Campeche, arrojaron glifosato en sangre y orina de gente de la comunidad, así como en el agua potable.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que frenó la promoción de la semilla transgénica, pero ésta sigue sembrándose y nuevas hectáreas de selva son deforestadas.
