Activan código rojo en Cancún tras denuncia de intento de privación de la libertad

Una intensa movilización policiaca registrada se registró la tarde de este martes en la supermanzana 65 de Cancún luego de que un reporte ciudadano advirtiera sobre un posible intento de privación ilegal de la libertad.

El hecho, que ocurrió sobre la avenida José López Portillo casi en su cruce con Tulum, derivó en la presentación ante el Ministerio Público de varias personas.

De acuerdo con información preliminar, poco después de las 18:00 horas se recibieron múltiples llamadas al número de emergencias 911 en las que se alertaba que tres hombres intentaban subir por la fuerza a un joven a un vehículo Nissan Versa color blanco.

La denuncia generó la activación del protocolo denominado “Código Rojo”, lo que implicó el despliegue inmediato de elementos de la Policía Municipal y personal de la Secretaría de Marina.

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Al arribar al sitio, los agentes encontraron a varias personas forcejeando en la vía pública, por lo que procedieron a intervenir y asegurar a los señalados ante la presunción de que se trataba de un “levantón”.

Sin embargo, tras los primeros cuestionamientos, la situación tomó un rumbo distinto. La madre de un joven involucrado se identificó ante las autoridades y explicó que no se trataba de un secuestro, sino de un intento por trasladar nuevamente a su hijo a un centro de rehabilitación contra las adicciones.

Según su versión, el joven había abandonado recientemente el anexo tras manifestar que estaba recuperado, pero posteriormente habría recaído en el consumo de sustancias.

Los tres supuestos secuestradores, fueron retenidos e identificados como trabajadores del centro de rehabilitación. El propio joven confirmó que los conocía y que habían sido sus compañeros durante su estancia, aunque expresó su negativa a regresar. La madre sostuvo que su intención era brindarle apoyo para retomar el tratamiento.

A pesar de que en el lugar se aclaró que existía un vínculo previo entre las partes, las autoridades indicaron que, al existir un reporte formal y un folio activo generado por las llamadas de emergencia, el protocolo establece que los involucrados deben ser puestos a disposición de la autoridad ministerial.

Será el Ministerio Público quien analice los testimonios y determine si hubo alguna conducta constitutiva de delito o si el caso se limita a un conflicto familiar que, por la forma en que ocurrió en la vía pública, fue interpretado inicialmente como un hecho delictivo.

Con Datos de Luis Hernández