Por el presunto delito de secuestro agravado, tres sujetos en el municipio Benito Juárez (Cancún) de Quintana Roo, fueron detenidos por las autoridades este lunes 27 de noviembre. Los señalados como secuestradores, habrían privado de su libertad a un hombre hace varios días.
En un boletín dispersado a los medios de comunicación, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGEQROO) informó que, Policías de Investigación cumplimentaron tres órdenes de aprehensión giradas por el órgano jurisdiccional.
Te Puede Interesar: Recuperan autoridades parte de millonario robo en FCP
Estas fueron ejercitadas en contra de tres sujetos identificados como Denis Ángel “N”, Edgar Fernando “N” y José Alfredo “N” por su probable participación en el delito de secuestro agravado en perjuicio de una víctima del sexo masculino de identidad reservada.
Pues de acuerdo a la dependencia estatal, con base en los hechos ocurridos el pasado 14 de noviembre de este año, los imputados Denis Ángel “N” y Edgar Fernando “N”, utilizando armas de fuego presuntamente privaron de su libertad a la víctima.
Posteriormente, habrían llevado a esta persona a un inmueble en este municipio, donde José Alfredo “N” fue señalado como el encargado de realizar las llamadas telefónicas a familiares, solicitando un fuerte monto económico para liberarlo.
En el mismo expediente, se detalla que los familiares finalmente realizaron el pago de este rescate, lo cual permitió la liberación del hombres retenido. Sin embargo, la Fiscalía inició la carpeta de investigación por estos hechos.
Y con los elementos obtenidos solicitó y obtuvo de un Juez de Control las órdenes de aprehensión, que posteriormente fueron cumplimentadas por Policías de Investigación en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Treas su captura, los detenidos fueron llevados a las instalaciones de la Fiscalía para su certificación médica, entre otros trámites; posteriormente los trasladaron al Centro de Reinserción Social del municipio de Benito Juárez, donde quedaron a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, que en el término constitucional determinará su situación jurídica.
