Cancún, Quintana Roo; 19 de noviembre de 2026.— La exsenadora Marybel Villegas Canché aseguró que mantendrá la lucha legal contra Aguakan hasta que se respete la voluntad ciudadana expresada en la consulta popular de 2022, cuando habitantes de cuatro municipios de Quintana Roo votaron contra la permanencia de la empresa encargada del servicio de agua potable y saneamiento.
Villegas sostuvo que el movimiento no surgió de una disputa política ni de los tribunales, sino de las inconformidades de miles de familias por los problemas en el suministro de agua, los cobros excesivos y las deficiencias en el tratamiento de aguas residuales.
Recordó que desde 2021 enfrentó obstáculos institucionales y políticos para concretar la consulta, cuya realización fue aprobada por un margen de apenas un voto. También señaló la oposición del entonces gobernador Carlos Joaquín González, quien argumentó falta de recursos para impedir su celebración.
La exsenadora afirmó que recurrió a distintas instancias electorales hasta conseguir que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación abriera el camino para realizar el ejercicio ciudadano en 2022.
Tras los resultados, que fueron declarados vinculantes por las autoridades electorales, continuó con las gestiones ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo, la Sala Regional Xalapa, la Sala Superior y distintas autoridades estatales y municipales para exigir el cumplimiento de la decisión.

Marybel Villegas afirma que mantendrá la lucha contra Aguakan hasta que se respete la consulta ciudadana. La exsenadora recordó los obstáculos políticos y jurídicos que enfrentó para concretar la consulta popular de 2022 y exigió que se respete el rechazo de miles de ciudadanos a la permanencia de la concesionaria.
En su defensa de esta causa, también destacó el antecedente del juicio de amparo 1323/2023-VIII, promovido por Aguakan contra el Poder Legislativo por la emisión del Decreto 195, relacionado con la terminación de la concesión. Según expuso, en ese procedimiento un Juzgado de Distrito determinó no amparar ni proteger a la empresa.
Ahora, con dos asuntos relacionados con la concesión en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Villegas dijo confiar en que las ministras y los ministros resolverán conforme a la Constitución, los derechos humanos y la voluntad expresada por los ciudadanos.
La exsenadora insistió en que el acceso al agua debe prevalecer sobre los intereses económicos de la concesionaria y rechazó que su participación en esta controversia responda a aspiraciones políticas o beneficios personales.
“Yo no inicié esta lucha por un interés político, ni por un beneficio personal. La inicié porque escuché a mi pueblo”, expresó.
Finalmente, reiteró que continuará por la vía legal hasta conseguir una respuesta definitiva sobre la permanencia de Aguakan en Benito Juárez, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Puerto Morelos.
“Esta lucha nació del pueblo, le pertenece al pueblo y debe encontrar una respuesta para el pueblo de Quintana Roo”, concluyó.
