Marybel Villegas Canché afirmó que Quintana Roo necesita una legislación ambiental a la altura de la presión que enfrentan sus ecosistemas y respaldó la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para actualizar, después de cuatro décadas, el marco jurídico en la materia.
La aspirante a la Coordinación en Quintana Roo de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional sostuvo que la protección ambiental no puede verse como un obstáculo para el desarrollo, sino como una condición para garantizar que el crecimiento económico tenga futuro, orden y beneficios reales para las comunidades.
Subrayó que en una entidad cuya economía depende directamente de sus playas, arrecifes, selvas, cenotes y manglares, permitir vacíos legales o normas rebasadas representa un riesgo para el patrimonio natural, la actividad turística, los empleos y la calidad de vida de las próximas generaciones.
Villegas Canché señaló que las inversiones deben contar con certeza jurídica, pero también con límites claros y responsabilidades ambientales. Añadió que ningún proyecto puede colocarse por encima de la conservación de los ecosistemas ni del derecho de las comunidades a participar en las decisiones que afectan su territorio.
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“Una legislación ambiental moderna debe dar certeza a las comunidades y a las inversiones, pero también dejar claro que en Quintana Roo el desarrollo no puede construirse a costa del patrimonio natural”, enfatizó.
Recordó que durante la conferencia de prensa de este miércoles en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó tres razones centrales para actualizar la legislación ambiental: fortalecer la certeza jurídica para comunidades e inversiones, responder a desafíos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de océanos y costas, e incorporar nuevas herramientas para la restauración ecológica.
Marybel Villegas consideró especialmente relevante que la reforma busque fortalecer la relación entre comunidades, conservación e inversión en territorios donde pueden surgir conflictos socioambientales. “Es muy importante que se distinga y que se vea cómo se puede correlacionar a las comunidades con las inversiones”, señaló al retomar el planteamiento presidencial.
La diputada federal con licencia destacó además los diez principios propuestos para una ley con justicia ambiental, al considerar que ofrecen una visión integral para proteger el territorio y convertir la política ambiental en una responsabilidad permanente del Estado y de la sociedad.
No puede haber justicia social sin justicia ambiental.
El patrimonio natural es fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar.
Conservar y restaurar para construir futuro.
Sustentar las acciones ambientales en el conocimiento.
Prevenir antes que reparar.
Proteger el patrimonio biocultural como responsabilidad compartida de toda la nación.
Gestionar el territorio con la gente y con visión de largo plazo.
Propiciar una cultura ambiental.
Transitar de una economía que desecha a una economía que aprovecha.
Cuidar a quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos.
Villegas Canché afirmó que estos principios tienen una dimensión especial en Quintana Roo, donde conservar los ecosistemas significa también proteger la principal base económica del estado. “Defender el medio ambiente es defender el empleo, el turismo, el agua, la seguridad de las comunidades y el futuro de nuestros hijos”, sostuvo.
Finalmente, confió en que el Poder Legislativo analice la iniciativa con responsabilidad y profundidad para construir una legislación que combine certeza jurídica, justicia ambiental, protección comunitaria y conservación efectiva del patrimonio natural. “Quintana Roo no puede esperar otros cuarenta años para contar con reglas que respondan a la realidad ambiental que vivimos hoy”, concluyó.
