La eventual implementación de fotomultas en Cancún ha encendido el debate público debido a la distribución de los recursos que generarían las infracciones y a la falta de información sobre su operación, afirmó la diputada federal Marybel Villegas Canché.
En conferencia de prensa, la legisladora explicó que, de acuerdo con el convenio de coordinación y colaboración administrativa dado a conocer por las autoridades, el 70 por ciento de los recursos obtenidos mediante multas captadas por radares y dispositivos electrónicos sería destinado al Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), mientras que el Ayuntamiento de Benito Juárez conservaría únicamente el 30 por ciento restante.
Marybel Villegas señaló que la propuesta plantea interrogantes legítimas para la ciudadanía, especialmente cuando el objetivo anunciado es reducir accidentes y fortalecer la seguridad vial.
“El debate no debería centrarse en cómo se repartirá el dinero de las multas, sino en cómo se salvarán vidas y se resolverán los problemas de movilidad”, expresó.
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El convenio establece que el Ayuntamiento de Benito Juárez sería responsable de aplicar, notificar y cobrar las infracciones, mientras que Imoveqroo asumiría la adquisición, instalación, operación y mantenimiento de los radares y demás dispositivos tecnológicos.
La diputada cuestionó quién determinará los gastos operativos del sistema, quién los auditará y qué mecanismos garantizarán que los costos reportados sean reales, transparentes y razonables.
Recordó que Cancún registra diariamente alrededor de 400 mil vehículos en circulación y que durante el primer semestre de 2025 se contabilizaron más de 2 mil 700 accidentes de tránsito, cifras que reflejan la necesidad de mejorar la movilidad urbana.
Sin embargo, consideró que la ciudadanía tiene derecho a conocer si existen estudios técnicos que demuestren que las fotomultas son la medida más efectiva para disminuir accidentes, así como los resultados de las recientes inversiones realizadas en modernización de semáforos y mejoramiento de la infraestructura vial.
También manifestó preocupación por el futuro de la Dirección de Tránsito Municipal y por el papel que desempeñará frente a las nuevas atribuciones que asumiría Imoveqroo en la operación del sistema.
“La opacidad es lo que genera desconfianza. Mientras no se presenten públicamente los estudios técnicos, los costos reales de operación, los mecanismos de contratación y las metas de reducción de accidentes, seguirá creciendo la percepción de que las fotomultas tienen un fin principalmente recaudatorio”, sostuvo.
La legisladora recordó que cuando la hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el gobierno de la Ciudad de México, decidió eliminar el esquema de fotomultas implementado por la administración anterior, al considerar que era una medida cuestionada por su carácter recaudatorio y por la falta de transparencia en su operación.
Finalmente, reiteró que la movilidad moderna requiere soluciones tecnológicas y de planeación urbana, pero subrayó que cualquier proyecto debe sustentarse en información pública, reglas claras y rendición de cuentas para garantizar que la prioridad sea la seguridad de las familias y no la recaudación de recursos.
