Vinculan a proceso a dos hombres acusados de cobrar ‘derecho de piso’ a taxistas en Puerto Juárez

Dos hombres señalados por presuntamente exigir el pago de “derecho de piso” a trabajadores del transporte público en la zona de Puerto Juárez fueron vinculados a proceso por un juez, luego de que la Fiscalía presentó elementos de prueba relacionados con un caso de extorsión denunciado a finales de mayo.

Los imputados, identificados como José Guadalupe “N” y Carlos Iván “N”, conocido también por los apodos de “La Momia” y “El Gordo”, enfrentarán el proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

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De acuerdo con la información judicial disponible, los hechos ocurrieron el pasado 26 de mayo en las inmediaciones del sitio de taxis “Andrés Quintana Roo”, ubicado en la avenida José López Portillo, en la Supermanzana 84 de Cancún, una zona de constante movimiento de trabajadores y usuarios del transporte público.

La denuncia refiere que ambos sujetos se acercaron a un operador para exigirle el pago de 500 pesos; el dinero, según la acusación, formaba parte de una cuota que supuestamente debían cubrir de manera periódica quienes laboran en ese punto de servicio.

Además de la exigencia económica, la víctima habría recibido amenazas en caso de negarse a entregar el dinero. Estas advertencias fueron consideradas parte de los elementos que dieron origen a la investigación por el delito de extorsión.

Tras la denuncia, las autoridades ministeriales integraron una carpeta de investigación y reunieron diversos datos de prueba que posteriormente fueron presentados ante un juez de Control durante la audiencia correspondiente.

Luego de escuchar los argumentos expuestos por ambas partes, la autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para iniciar formalmente el proceso penal contra los dos imputados, por lo que dictó el auto de vinculación a proceso.

Como parte de la resolución, el juez también ordenó que ambos permanezcan en prisión preventiva durante el desarrollo del procedimiento, una medida cautelar que busca garantizar su comparecencia ante la justicia y proteger el curso de las investigaciones.