Por supuesto Desempeño Irregular de la Función Pública y desvío de más de 743 millones de pesos entre el 1 de enero del 2015 y 31 de diciembre del 2016, el ex director general del Sistema Quintanarroense de Comunicacion Social (SQCS), Jorge Acevedo Marín, fue vinculado a proceso.
En la misma situación legal quedó quien fuera su director administrativo, Gerardo Vazquez Handall.
El 31 de agosto del 2017 el presidente de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo), Manuel Palacios Herrera, interpuso ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), la demanda por Desempeño Irregular de la Función Pública en contra de los dos ex servdores públicos durante la gestión del ex gobernador Roberto Roberto Borge Angulo.
Asimismo, el secretario de la Contraloría Estatal, Rafael del Pozo Dergal, promovió denuncia por desvío de 743 millones 804 mil 52 pesos.
Las presuntas irregularidades son parte de «la estafa maestra», evidenciada por una consultoría y medio de comunicación nacional, en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) y que hoy mantiene a su ex titular, Rosario Robles, privada de su libertad.
Dos "borgistas" vinculados a Proceso por "la estafa maestra"
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— Turquesa News (@infoturquesa) March 19, 2020
Los ex funcionarios «borgistas» incurrieron en el desvío de 743 millones 804 mil 52 pesos, según la Carpeta Administrativa 413/2018.
Para ello autorizaron 84 contratos irregulares, a 37 empresas proveedoras de servicios y productos.
De ellas solo cuatro estaban regularizadas ante la Oficialía Mayor de Gobierno. Las demás razones sociales eran «fantasmas».
La asignación de contratos violentó la Ley de Adquisiciones del Estado de Quintana Roo, pues no hubo licitaciones y en su lugar indebida contratación de servicios.
Hasta el año pasado, los dos imputados contaban con amparos pero ya fenecieron.
Al haber accedido a comparecer de manera voluntaria, el juez ordenó la cancelación de las órdenes de aprehensión.
Se discuten las medidas cautelares a aplicar.
Los fiscales anticorrupción exigen embargo de bienes y arraigo domiciliario para evitar se sustraigan de la acción penal.
