Chetumal, Q. Roo.- Reactivan la orden de aprehensión en contra del ex director administrativo del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), Gerardo V. H. por su presunta participación en “la Estafa Maestra”.
Este hecho involucra también al ex director general Jorge A. M. el cual goza de un amparo provisional, apelado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).
El Juzgado VI de Distrito rechazó el amparo promovido por el ex funcionario del SQCS clasificado como 976/2018, encaminado a impedir su orden de aprehensión, que en diciembre pasado logró evadir cuando fue interceptado por agentes federales afuera de conocida plaza comercial de Chetumal.
Se le imputa Desempeño Irregular de la Función Pública por 806 millones 616 mil 882 pesos, supuestamente ejecutados para campañas publicitarias de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la gestión de Rosario Robles.
Tales recursos fueron ejercidos en 84 contratos sin licitación, se benefició a 37 proveedores, de los cuales solo cuatro estaban registrados ante el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado; y se autorizaron 104 pagos.
Denuncias penales por el caso SQCS
Lo anterior deriva de la revisión de los Ejercicios Fiscales 2015 y 2016 del SQCS, que motivaron dos denuncias penales: la primera fue interpuesta por la Secretaría de la Contraloría Estatal (Secoes) el 31 de agosto del 2017 y la siguiente el 18 de marzo del 2018, de parte de la Auditoría Superior Interna.
El 19 de diciembre pasado fue liberada la orden de aprehensión en contra del ex administrador del SQCS, días después evadió mediante una suspensión provisional. Sin embargo el juez de control le requirió.
Exdirector del SQCS intentó evitar su encarcelamiento
El 26 del citado mes promovió un amparo para evitar su encarcelamiento pero se le exigieron 44 millones 628 mil 243 pesos.
Al no cubrir la fianza emitió un recurso fundado en incapacidad médica pero fue desestimada por el Juzgado VI de Distrito.
“La Estafa Maestra” es una investigación realizada por la Agencia Animal Político, que corroboró el desvío de más de 400 millones de dólares durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto; involucró a 11 dependencias, ocho universidades públicas y más de 50 funcionarios de primer nivel.