Cuatro funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGEQROO) fueron separados de su cargo por su presunta implicación en una grave omisión que mantuvo durante años el cuerpo de la joven Francisca Mariner en las instalaciones del Semefo sin ser entregado a sus familiares.
La información fue proporcionada en una reciente conferencia del gabinete de seguridad en la ciudad de Chetumal, en donde también se detalló que ya se abrieron carpetas de investigación contra estos funcionarios.
La víctima, Francisca Mariner, desapareció el 22 de junio de 2020 en Cancún. Su cuerpo sin vida fue localizado el 21 de julio del mismo año en una zona verde de la supermanzana 105. La necropsia determinó como causa de muerte un traumatismo craneoencefálico provocado por un proyectil de arma de fuego.
Pese a ello, el cadáver permaneció bajo resguardo del Servicio Médico Forense (SEMEFO) durante cuatro años sin ser identificado ni entregado a su familia, una situación que provocó indignación y protestas de colectivos de búsqueda.
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El fiscal general del estado, Raciel López Salazar, explicó que ya se han iniciado procedimientos legales para determinar las responsabilidades de los implicados. “Ya no están las personas que cometieron esa omisión; fueron separados de su cargo y además se integran las carpetas de investigación para judicializar a los responsables”, declaró.
Este caso evidenció profundas fallas estructurales en el sistema de identificación forense del estado, lo que motivó una serie de reformas impulsadas por la administración actual.
López Salazar señaló que, como parte de las acciones correctivas, se han reforzado los servicios periciales con especialistas en distintas disciplinas. “Se incorporaron antropólogos, sociólogos, genetistas y arqueólogos”, además de establecer protocolos más rigurosos, como la elaboración inmediata de perfiles genéticos y su comparación directa con datos de familiares de personas desaparecidas.
Según información actualizada de la Fiscalía, se han logrado identificar 191 cuerpos que no habían sido reclamados. De estos, 121 ya fueron reconocidos por sus familias; 108 ya fueron entregados, mientras que otros 13 aún están en proceso de restitución.
Además, 71 cuerpos siguen sin ser reclamados, y se ha preparado un nuevo paquete con 112 cédulas de identificación genética que serán enviadas al Instituto Nacional Electoral (INE) para su confrontación correspondiente.
El caso de Francisca Mariner puso en evidencia no solo errores individuales, sino también la falta de mecanismos eficaces que garanticen el derecho de las familias a conocer la verdad sobre el paradero de sus seres queridos. Las autoridades aseguran que están trabajando para evitar que una tragedia de esta naturaleza se repita.
Con Datos de Luis Hernández
