Un grupo de 35 exjueces federales de Estados Unidos presentó una moción de urgencia ante un tribunal de Florida para revertir un polémico acuerdo extrajudicial firmado por la administración del presidente Donald Trump con el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés).
Los juristas acusan que el pacto se logró mediante “fraude al tribunal” y que desvía 1,776 millones de dólares en fondos públicos de los contribuyentes bajo el pretexto de compensar a supuestas víctimas de la “instrumentalización del gobierno”.
Los puntos clave del caso son:
- Fraude procesal: Los exmagistrados sostienen que el tribunal de Florida fue engañado deliberadamente para forzar la aprobación del millonario fondo de compensación.
- Blindaje fiscal: El controvertido pacto extrajudicial prohíbe que el IRS realice auditorías o investigaciones sobre las finanzas pasadas de la familia y los negocios de Donald Trump.
- Reapertura judicial: Tras la presión ejercida por este bloque de exjueces de diversas tendencias políticas, una jueza federal de Miami ordenó reabrir oficialmente el caso de 10,000 millones de dólares para investigar “acusaciones graves” de engaño.
Quiénes integran la demanda
El movimiento legal carece de precedentes por la jerarquía de sus firmantes. Entre los 35 exjueces destacan figuras de alto perfil estadounidense como el conservador J. Michael Luttig, y las reconocidas juezas retiradas Nancy Gertner y Shira Scheindlin. Los demandantes argumentan que el acuerdo es un desvío ilegal de recursos de los contribuyentes que convierte fondos institucionales en un beneficio de índole privada.
Son al menos 35 ex jueces federales que acusan a Trump y su Departamento de Justicia que engañaron para robar 1,776 millones de dólares de los contribuyentes.
El caso no se trata de una simple queja de los demócratas. Son 35 ex jueces federales —nombrados por presidentes de ambos partidos— quienes se presentaron ante un tribunal de Florida acusando a Donald Trump de utilizar una demanda falsa para saquear el Tesoro de Estados Unidos.
El documento judicial de 24 páginas, presentado el miércoles, es contundente. “Este tribunal fue engañado”, escribieron los ex jueces. “El ‘acuerdo’ se apropia de la suma ficticia de 1,776 millones de dólares del Tesoro de Estados Unidos”.
Solicitan al tribunal que investigue si Trump y su Departamento de Justicia conspiraron para fabricar un proceso legal, no para resolver una disputa genuina, sino para crear la apariencia de un acuerdo legítimo que canalizaría casi 1,800 millones de dólares de los contribuyentes a un fondo controlado íntegramente por Trump.
«Las partes en este caso están utilizando esta demanda como justificación legal para estas acciones», afirma el documento. «Esto no es especulación; las propias partes lo han declarado».
Los jueces solicitan al tribunal que «inicie una investigación para determinar si el Tribunal fue engañado, incluso con respecto a la existencia de un caso o controversia subyacente y cualquier supuesta negociación extrajudicial llevada a cabo para resolverlo».
En pocas palabras: ¿fue esta una demanda real? ¿O fue una puesta en escena diseñada para engañar a un tribunal federal y lograr que aprobara sin objeciones un desvío de fondos públicos?
La respuesta, argumentan los jueces, es obvia. Todo es una forma de «colusión».
Trump demandó a una agencia que controla, con abogados que controla, abogados oponentes que también controla, logrando un acuerdo que él mismo diseñó, supervisado por una comisión que él nombró, distribuyendo dinero a aliados a quienes indultó, todo mientras la jueza presidenta cuestionaba abiertamente si tenía jurisdicción sobre un caso en el que ambas partes parecían estar del mismo lado.
Trump retiró la demanda el día antes de que sus propios abogados tuvieran que explicarle la situación.
Los abogados que representan a los 35 ex jueces son el mismo equipo legal que logró el enorme acuerdo extrajudicial de Dominion contra Fox News. No son aficionados.
La demanda proviene de jueces de Michigan, Florida, Massachusetts, California y otros estados: un grupo bipartidista de ex juristas que, en conjunto, han dedicado décadas a la judicatura federal y saben perfectamente cómo es un procedimiento fraudulento.
Afirman que este es uno de ellos.
