Cambian las reglas del juego para Iberdrola en México. Las energías renovables ya no tendrán prioridad sobre las fósiles para ser distribuidas en la red eléctrica.
Según un decreto publicado el 10 de marzo en el boletín oficial de México, tras ser aprobado por las dos cámaras del Congreso la reforma eléctrica impulsada por el presidente López Obrador.
“Iberdrola se convirtió en una empresa preponderante en el sector. Los contratos les favorecen, son sólo buenos negocios para estas empresas y muy malos para el pueblo”, dijo AMLO en conferencia para explicar los efectos de una reforma con la que intentará forzar a los productores privados a renegociar los contratos de suministro de energía.
“Básicamente son Iberdrola y unas diez más. Está bien concentrado el manejo del mercado eléctrico. Vamos a buscar acuerdos en esta lógica de que queremos seguir manteniendo contratos, pero los tenemos que actualizar a la nueva realidad”.
Iberdrola es el mayor proveedor de energía renovable a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa pública de generación y distribución de electricidad en México. Mediante varios contratos, la española suministra a CFE energía generada con fuentes renovables para que la distribuya a través de su red. Tiene una capacidad instalada en México de 1.325 megawatts (MW) de energía renovable.
La ley obligaba a CFE a tener que comprar primero la energía renovable antes que otras. De esa forma se incentivaba a los privados a desarrollar plantas eólicas o solares en México, ya que la venta de su energía estaba asegurada porque la renovable gozaba de prioridad sobre las otras.
Pero con la reforma legislativa, la energía producida por CFE será la primera en ser distribuida y luego vendrán las demás. CFE, cuyas principales fuentes de generación son el carbón y el diésel, tiene capacidad para abastecer hasta el 64 % de las necesidades de energía en México, es decir, seguirá necesitando la electricidad de las empresas privadas. Pero la renovable ya no será prioritaria.
Con este cambio, López Obrador trata de dar un impulso a las finanzas de CFE, una maltrecha empresa pública que en 2020 registró unas pérdidas de 78,919 millones de pesos mexicanos. En diciembre de 2020, CFE tenía un crédito con BBVA de 8 mil millones de pesos y otro con Santander de 1,500 millones según datos de la secretaría de Hacienda.
La reforma trae también otra modificación relacionada con los Certificados de Energías Limpias, un instrumento diseñado para incentivar la producción de la generación renovable. Originalmente, estos certificados daban beneficios para instalaciones eólicas o solares, pero López Obrador quiere extenderlos a las plantas hidroeléctricas de CFE construidas en los años sesenta del siglo pasado.
Tras la publicación del decreto el 10 de marzo, los reguladores CRE y Cenace tienen 180 días naturales para desarrollar nuevos reglamentos que estén de acuerdo con las enmiendas a la Ley de la Industria Eléctrica. Mientras tanto, las empresas del sector se están preparando para comenzar una batalla legal que podría incluir a tribunales nacionales, internacionales e incluso solicitudes de arbitraje ante cámaras de comercio, según han avanzado varias fuentes en medios mexicanos.
Desde que llegó al gobierno en diciembre de 2018, López Obrador ha renegociado varios contratos. El último ha sido con Braskem, una filial petroquímica del conglomerado brasileño Odebrecht, que tiene un acuerdo de suministro de etano a largo plazo con la petrolera estatal Pemex. En 2019, renegoció unos contratos de transporte de gas natural con CFE que calificó como “leoninos”, mientras que también canceló la construcción de un nuevo aeropuerto en Ciudad de México en el que participaban Acciona y FCC. El proyecto fue cancelado a pesar de que ya estaba desarrollado al 33 %.
Ahora es el turno de Iberdrola, una empresa a la que López Obrador constantemente pone en evidencia durante las mañaneras gracias a los jugosos contratos con los que fueron favorecidos en los gobiernos federales de 2006 a 2018. Una de las razones, entre muchas más, es la unilateral entrega de concesiones en el gobierno del expresidente Felipe Calderón y su posterior contratación, quien fue consejero independiente de Avangrid entre mediados de 2016 y finales de 2018. Avangrid es la filial de Iberdrola en Estados Unidos. “Al expresidente Calderón lo llegaron a contratar como consejero de Iberdrola. O sea, estaban metidos hasta adentro”, dijo recientemente en rueda de prensa en la que volvió a atacar (con justa razón y evidenciando los contratos “leoninos” obtenidos por la empresa eléctrica española).
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