“Otra raya más al tigre”, le suman una más al polémico empresario propietario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, esta vez al desalojar a un pueblo en Honduras.
La coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Miriam Miranda, denunció que más de 200 policías fueron desplegados el pasado 17 de septiembre en Cayos Cochinos, Honduras, para desalojar un campamento de integrantes del pueblo garífuna que protestan contra la grabación del reality show Survivor, en una propiedad que está vinculada al empresario Ricardo Salinas Pliego.
La comunidad garífuna denuncia que la producción provoca afectaciones ambientales, limita actividades como la pesca artesanal y altera el entorno durante la temporada de desove de la tortuga carey.
De acuerdo con OFRANEH, el predio donde se realizan las actividades pertenece al consorcio Sociedad de Inversiones Ecológicas, cuyo accionista mayoritario es Fundación Azteca Honduras. Por ello, Miranda responsabilizó directamente a Salinas Pliego y sostuvo que la producción se desarrolla en un territorio utilizado por comunidades garífunas desde hace décadas.
“El mayor accionista es Ricardo Salinas Pliego. Por eso lo estamos señalando directamente como violador de los derechos humanos del pueblo garífuna, en nombre de un supuesto desarrollo, cuando lo único que quieren es hacer más dinero”, señaló Miranda.
La dirigente afirmó que el desalojo y las restricciones impuestas a las comunidades vulneran sus derechos territoriales y colectivos, además de cuestionar que las autoridades hondureñas no estén respetando cuatro resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) relacionadas con el pueblo garífuna.
El conflicto escaló luego de que un juzgado de San Pedro Sula ordenara el desalojo de los manifestantes, a quienes calificó como “ocupantes no autorizados”. Según OFRANEH, más de 200 policías participaron en el operativo para retirar a los integrantes de la comunidad.
Comunidades Garifunas de Cachos Cochinos efectúan un plantón como protesta por realización de un reality show sin efectuar consulta previa, libre e informada con comunidades. Corte IDH condenó por esa violación al Estado de Honduras #ConexiónHonduras1 #MediasetInfinity pic.twitter.com/RyMCBcwXAK
— ofraneh (@ofraneh) September 14, 2026
OFRANEH mantiene desde hace siete semanas un campamento frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, donde integrantes de las comunidades se organizan para exigir el cumplimiento de las resoluciones de la Corte IDH y denunciar lo que consideran políticas de despojo territorial.
Las organizaciones sostienen que las comunidades garífunas tienen derechos colectivos reconocidos por resoluciones internacionales, luego de décadas de litigios por sus territorios, donde se han asentado desde hace más de 200 años.
A este conflicto se suma la llamada Ley Agroindustrial, aprobada por el Poder Legislativo hondureño en mayo. De acuerdo con organizaciones sociales, la legislación otorga prioridad nacional a proyectos agroindustriales, turísticos, inmobiliarios, ganaderos y energéticos, y establece disposiciones para proteger la propiedad privada y combatir la “usurpación”.
Los activistas advierten que estas disposiciones podrían facilitar desalojos y la criminalización de dirigentes comunitarios en conflictos agrarios y territoriales. Organizaciones como OFRANEH han documentado cerca de mil conflictos de este tipo en Honduras.
Por su parte, la producción de Survivor sostiene que el programa cuenta con las autorizaciones correspondientes de las autoridades hondureñas y de la Fundación Cayos Cochinos, responsable de la administración del área protegida.
Las organizaciones denuncian que la realización de estos programas convierte territorios habitados por comunidades ancestrales en escenarios televisivos y restringe actividades cotidianas como la pesca y el acceso al agua, mientras continúa el conflicto por los derechos territoriales del pueblo garífuna y la protección ambiental de Cayos Cochinos.
