La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó de forma unánime la demanda de 10 mil millones de dólares que el gobierno mexicano presentó contra ocho importantes fabricantes de armas de fuego, a los que acusó de contribuir a la violencia armada perpetrada por cárteles del narcotráfico.
La decisión, redactada por la jueza Elena Kagan, concluye que la demanda mexicana no plantea de manera plausible que las compañías hayan ayudado e instigado directamente la venta ilegal de armas a grupos criminales. El fallo se ampara en una legislación estadounidense que, en términos generales, protege a los fabricantes de responsabilidad cuando sus productos son utilizados en la comisión de delitos.
El caso, Smith & Wesson Brands, Inc. vs. Estados Unidos Mexicanos, fue presentado en 2021 y originalmente fue desechado por una corte de primera instancia. No obstante, un tribunal de apelaciones en Boston reactivó el litigio en 2024 bajo una excepción que permite avanzar demandas si se acusa a las empresas de violar la ley.
México argumentó que las prácticas comerciales negligentes de los fabricantes, como una distribución poco regulada y la promoción de armas de alto poder, han facilitado su tráfico hacia territorio mexicano, alimentando así la violencia y el sufrimiento en el país. Entre las compañías demandadas figuraban nombres destacados como Smith & Wesson.
En un fallo de 9-0, los jueces anularon la sentencia de un tribunal inferior que había permitido que prosiguiera la demanda contra el fabricante de armas de fuego Smith & Wesson y el distribuidor Interstate Arms. El tribunal de primera instancia había considerado plausible el argumento de México de que las empresas ayudaron e instigaron la venta ilegal de armas, perjudicando a su Gobierno.
La demanda también acusaba a las empresas de diseñar y comercializar ilegalmente sus armas como si fueran de grado militar para aumentar la demanda entre los cárteles, incluso asociando sus productos con el ejército y las fuerzas de seguridad estadounidenses. Las empresas de armas dijeron que fabrican y venden productos legales.
México ha afirmado que la mayoría de sus homicidios se cometen con armas traficadas desde Estados Unidos y valoradas en más de 250 millones de dólares anuales.
El fallo unánime desestimó el caso bajo las leyes de Estados Unidos que en gran medida eximen a los fabricantes de responsabilidad cuando sus armas de fuego se utilizan en delitos.
Fabricantes de renombre como Smith & Wesson apelaron ante los jueces después de que un tribunal inferior permitió que la demanda avanzara bajo una excepción para situaciones en las que se acusa a las empresas de violar la ley.
Pero los jueces determinaron que México no presentó un argumento plausible de que las empresas hubieran permitido conscientemente el tráfico de armas hacia el país. “No señala, como lo hacen la mayoría de las reclamaciones de complicidad, ninguna transacción criminal específica que los acusados (supuestamente) hayan asistido”, escribió la jueza Elena Kagan en la opinión del tribunal.
México pedía a los jueces que permitieran que el caso se desarrollara, diciendo que aún estaba en sus primeras etapas.
Consultada sobre el caso durante su conferencia de prensa diaria, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum señaló otra demanda que el país presentó en 2022 contra cinco tiendas de armas y distribuidores en Arizona. “Son dos juicios”, dijo. “Vamos a ver cuál es el resultado y les informamos”.
El caso que la Corte Suprema desestimó el jueves comenzó en 2021, cuando el gobierno mexicano presentó una demanda de gran envergadura contra algunas de las mayores empresas de armas, incluidas Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock.
México tiene leyes estrictas sobre armas y solo cuenta con una tienda donde las personas las pueden comprar legalmente. Sin embargo, miles de armas son introducidas de contrabando por los poderosos cárteles de drogas del país cada año.
El gobierno mexicano afirma que al menos el 70% de esas armas provienen de Estados Unidos. La demanda alega que las empresas sabían que las armas se vendían a traficantes que las introducían de contrabando en México y decidieron aprovechar ese mercado.
Las empresas rechazan las acusaciones de México, argumentando que la demanda del país no demuestra en absoluto que sean responsables de que relativamente pocas personas usen sus productos para cometer actos de violencia.
Un juez estadounidense desestimó la demanda bajo una ley de 2005 que protege a las empresas de armas de la mayoría de las demandas civiles, pero un tribunal de apelaciones la revivió. El Tribunal Federal de Apelaciones del 1er Circuito en Boston determinó que caía bajo una excepción a la ley de protección para situaciones en las que se acusa a las empresas de armas de fuego de violar conscientemente las leyes en sus prácticas comerciales.
Esa excepción ha surgido en otros casos, incluidos en demandas derivadas de tiroteos masivos.
Las familias de las víctimas del tiroteo masivo de 2012 en la Escuela Primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, por ejemplo, argumentaron que se aplicaba a su demanda porque el fabricante de armas violó la ley estatal en la comercialización del fusil AR-15 utilizado en el tiroteo, en el que murieron 20 niños y seis educadores.
Las familias finalmente aseguraron un acuerdo histórico de 73 millones de dólares con Remington, el fabricante del rifle.
El fallo de la Corte Suprema no parece afectar casos similares, dijo David Pucino, director legal del Giffords Law Center to Prevent Gun Violence. “Todos los sobrevivientes, en Estados Unidos, en México y en cualquier otro lugar, merecen su día en la corte, y continuaremos apoyándolos en su lucha por la justicia”, aseguró.
Con información de agencias AP y Reuters
