El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, ha sido condenado a nueve años de prisión por un juez federal de Brownsville, Texas, por haber aceptado sobornos por más de 3.5 millones de dólares y haber utilizado este dinero para adquirir fraudulentamente propiedades en Estados Unidos.
Yarrington obtuvo una reducción de sentencia gracias a un pacto judicial, mediante el cual se declaró culpable de uno de los 11 delitos que se le imputaban, y entregó millones de dólares, propiedades y brindó información a las autoridades estadounidenses.
Yarrington fue detenido en Italia el 9 de abril de 2017 y resistió la extradición, pero en abril de 2018 fue enviado a Estados Unidos para enfrentar los 11 cargos en su contra, de los que finalmente solo fue condenado por uno.
El juez federal Rolando Olvera, encargado de la causa, condenó a Yarrington a 108 meses de prisión. Se prevé que enfrente proceso de expulsión una vez cumplida la sentencia.
Según la acusación de Estados Unidos, Yarrington aceptó sobornos de particulares y empresas privadas en México para hacer negocios con el estado de Tamaulipas mientras se desempeñó como gobernador, entre 1999 y 2005.
Utilizó el dinero de los sobornos que recibió mientras era gobernador para comprar propiedades en Estados Unidos.
El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, al ser arrestado en Italia el 9 de abril de 2017.
Yarrington hizo que prestanombres compraran propiedades en Estados Unidos para ocultar que era el propietario de las mismas y el dinero de sobornos ilegales utilizado para comprarlas.
El exgobernador blanqueó el dinero de los sobornos obtenidos ilegalmente en Estados Unidos mediante la compra de condominios en primera línea de playa, grandes fincas, promociones comerciales, aviones y vehículos de lujo.
La sentencia de prisión de hoy para Yarrington concluye una investigación internacional de varios años y de múltiples agencias que abarca dos continentes.
El tribunal consideró que, como funcionario electo, Yarrington violó su juramento de cargo, “debilitando a México y promoviendo actividades delictivas”.
Desde hace casi un año, el político priísta se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero, uno de los 11 cargos que le imputaba el Departamento de Justicia, entregó millones de dólares y colaboró como informante de la fiscalía, lo cual le permitió acceder a una pena reducida. Cuando cumpla su sentencia, será expulsado a México, donde existen acusaciones en su contra por narcotráfico y lavado de dinero.
Quien fue precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República en 2006 forma parte del ciclo de ex gobernantes tamaulipecos sobre quienes pesan sospechas (o certezas, como en su caso) de actividades delictivas y vínculos con el crimen organizado.
Su predecesor, Manuel Cavazos Lerma (1993-1999), fue investigado por nexos con cárteles, permitir el tráfico de armas y drogas, enriquecimiento ilícito mediante negocios inmobiliarios e incluso por una presunta participación en el asesinato del candidato a la gubernatura Rodolfo Torre Cantú, si bien nunca ha sido formalmente imputado.
El sucesor de Yarrington, Eugenio Hernández Flores (2005-2010), estuvo preso entre 2017 y 2022 por enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros, y actualmente enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos.
El sustituto de Torre Cantú en la candidatura priísta de 2011, su hermano Egidio (2011-2016), no se libró de sospechas.
La “alternancia” no llevó una limpieza a la vida pública de la entidad: el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca (2016-2022) fue investigado por defraudación fiscal equiparada, delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita, cargos que le valieron ser desaforado el 30 de abril de 2021 por la Cámara de Diputados, y sólo las maniobras ilegales del Congreso de Tamaulipas (controlado por sus adeptos) y una deplorable conducta del Poder Judicial le han permitido evadir la acción de la justicia.
Ante semejante desfile de ex gobernadores impresentables en el estado fronterizo, cabe saludar que finalmente camine la justicia, así sea en una corte de Estados Unidos y no en el país al que dañaron con sus actos ilícitos.
Cabe esperar que la condena a Yarrington inaugure una época de colaboración binacional auténtica en materia de combate a la delincuencia de quienes son o han sido protagonistas en el poder político, y que marque la ruta para avanzar en otros casos emblemáticos, en particular en el más escandaloso de todos, el del ex presidente Felipe Calderón, quien debe rendir cuentas por haber mantenido al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, a pesar de múltiples advertencias, al narcotraficante Genaro García Luna, pero también por los fuertes indicios de su participación en delitos electorales, corrupción y violaciones a la soberanía nacional.
Más allá de las jurisdicciones de México y Washington, el michoacano tendría que encarar a la justicia internacional por los crímenes de lesa humanidad que ordenó o solapó como jefe de Estado en el contexto de su falsa “guerra contra el narco”.
La cooperación binacional es ineludible para frenar y revertir la descomposición instalada en Tamaulipas, como en el resto del país, durante los sexenios pasados, pues resulta evidente que la impunidad de que han gozado muchos delincuentes enquistados en la clase política depende no sólo de la patente descomposición en el Poder Judicial o de la lentitud e ineficacia de agencias del Ministerio Público y fiscalías, sino también de la reticencia de Estados Unidos a proceder contra lacras como el tráfico de armas y el lavado de dinero, o su inexplicable medida de tener en su territorio a sujetos señalados por la justicia mexicana, como García Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya, quien está imputado por recibir sobornos, lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
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