En Comisiones del Senado se aprobó hoy por mayoría la reforma laboral que incrementa de cinco a 20 los días por licencia paternal, que podrán disfrutar los trabajadores al año, con goce de salario y que llegan hasta 30 en caso de complicaciones posteriores al parto que perjudiquen a la madre o al recién nacido.
La minuta, sin embargo, podrá ser modificada en el pleno de esa cámara, toda vez que horas antes de la reunión de las Comisiones de Trabajo y de Estudios Legislativos Segunda, que presiden Napoleón Gómez Urrutia y Rafael Espino, se recibieron propuestas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el sentido de elevar únicamente a 10 días la licencia paternal, que actualmente es de cinco y agregar otros cinco si hubiera problemas post parto.
El tema dividió a los legisladores, el senador de Morena Gómez Urrutia no estuvo de acuerdo en el cambio propuesto, ya que, expuso, se trata de justicia laboral para los trabajadores, que podrán así dedicar más tiempo al cuidado de sus hijos recién nacidos, además de que, recalcó, por estar en el último período de la legislatura, al modificar el texto, la minuta tendría que regresar a la Cámara de Diputados, donde podría quedar congelada.
En contraparte, el también morenista Espino consideró que es necesario tomar en cuenta lo planteado por las autoridades hacendarias y la dirección del IMSS, en el sentido de elevar la licencia paterna, que es cinco días actualmente a diez, con otros cinco días adicionales, a fin de no afectar a las pequeñas empresas y al Seguro Social.
Se debe hacer un análisis técnico del dictamen, para no dañar a los trabajadores ni a las micro, pequeñas y medianas empresas, pues el plazo podría hacer que aumente la contratación informal, agregó.
Igualmente, el también senador de Morena, César Cravioto coincidió en revisar en el pleno la minuta que otorgar a los trabajadores un permiso de paternidad de 20 días laborables, con goce de sueldo, a partir del nacimiento de los hijos de los trabajadores y aplicarán también en el caso de adopción de un infante.
El senador Gómez Urrutia recalcó que le sorprendió que las opiniones gubernamentales en torno a la minuta con las reformas a la Ley Federal del Trabajo llegaran anoche, después de que esa reforma se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados, “es como una presión de último minuto”.
Hizo notar que México está por abajo en materia de licencias de paternidad en relación a otros países del mundo y los empresarios están también en contra, como lo han estado en la mayoría de los cambios en beneficio de los trabajadores.
Es una reforma importante, insistió, ya que los roles de género han impedido que los padres se encarguen del cuidado de los hijos, pues era considerada una labor de las madres. Igualmente, la también morenista, Bertha Caraveo, señaló que este proyecto es clave para desmontar estereotipos de género, así como para promover paternidades responsables; además, reconoce la participación de la figura paterna en el parto.
Asimismo, la senadora Gabriela Benavides Cobos, del PVEM, subrayó que esta medida fortalecerá la unidad familiar. Además, pidió que el proyecto se apruebe en sus términos, pues, por justicia laboral, no pueden aplazar más tiempo su aprobación.
La minuta se aprobó por mayoría y se dejó para el pleno discutir si se aceptan los cambios propuestos por las autoridades hacendarias y del IMSS.
Con el voto de todas las bancadas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó –y envió al Ejecutivo– la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, que busca asegurar la producción y abasto suficiente de comestibles nutritivos y económicos.
Ya es ley el derecho a la comida nutritiva y económica
Con el voto de todas las bancadas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó –y envió al Ejecutivo– la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, que busca asegurar la producción y abasto suficiente de comestibles nutritivos y económicos, así como fortalecer la autosuficiencia, soberanía y seguridad alimentaria del país.
La ley incluye el derecho de todas las personas, de manera individual o colectiva, a una alimentación adecuada y a disponer de comestibles para su consumo diario, así como el acceso físico y económico para una alimentación inocua, de calidad nutricional y en cantidad suficiente.
Con la nueva disposición, que enfrentó objeciones de la industria alimentaria, incluye el derecho al agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente y considera prioritaria la producción familiar o comunitaria de alimentos.
Además, obliga a empresas a informar del uso de transgénicos en alimentos procesados; y prohíbe a supermercados desechar comestibles en condiciones de ser consumidos, con objeto de donarlos.
Entre los argumentos de la ley, que se aprobó por unanimidad de 420 votos, se resaltó que, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2016, 21.9 por ciento de la población de México padecía de carencias por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. En 2018 ya era de 22.2 por ciento del total de habitantes.
La ley incluye el derecho de las personas a una cantidad mínima de comida, que permita cubrir los requerimientos alimentarios mínimos para vivir con dignidad, protegido contra el hambre y la mala nutrición.
Entre las obligaciones al gobierno federal se prevé que la Secretaría de Salud sugerirá el contenido de canastas normativas en los estados, que a su vez determinarán paquetes regionales, que consideren frutas, verduras, productos de origen animal y otros alimentos de producción local o regional, de acuerdo con la época del año y derivados de una producción sostenible, así como los de las dietas tradicionales.
Además, obliga a los estados y municipios a facilitar el acceso a tierras, mediante créditos blandos, para promover la producción de cultivos locales y la producción agrícola de pequeña y mediana escala, a nivel familiar y en las escuelas, así como para la recuperación de semillas y superación de siniestros ambientales.
Se prevé que los programas de producción de alimentos incluyan un plan de excedentes y obliga a los gobiernos federal, estatal y municipal a incluir en sus políticas de compras al menos 15 por ciento de alimentos e insumos primarios directamente de los productores de pequeña y mediana escala.
Además, se prevé que la Secretaría de Agricultura opere un programa de almacenamiento de reservas estratégicas de granos básicos y semillas, y asimismo prevé la figura de emergencia alimentaria, en caso de que, en uno o varios municipios o estados, la población no cuente con alimentos o por una fuerte inestabilidad de precios.
En ese caso, se emitirá una declaratoria de emergencia, que incluye medidas para mitigar los efectos y garantizar las necesidades alimentarias de la población.
