Elementos de seguridad federales detuvieron en Nuevo León a José Antonio “N”, presunto líder de una célula del Cártel del Noreste, quien supuestamente está relacionado con el aseguramiento de un buque en Tamaulipas ligado a una presunta red de huachicol fiscal.
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó este lunes que dicha persona está relacionado con operaciones de lavado de dinero y contrabando de combustible.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó que la detención fue producto de la ejecución de cuatro órdenes de cateo, ejecutados por la dependencia a su cargo, la Secretaría de Marina Armada de México y la Fiscalía General de la República (FGR).
García Harfuch, informó que José Antonio “N”, es identificado como líder una célula afín al “cártel del Noroeste”, organización con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible.
Detalló, además, que durante los operativos fue detenida una mujer de 41 años de edad, se aseguraron 10 armas de fuego, dosis de droga, 11 vehículos, seis motocicletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y fueron resguardados siete tigres.
Cabe señalar que en marzo del año pasado elementos de seguridad aseguraron en Altamira, Tamaulipas, un buque petrolero con 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores, 23 tractocamiones con remolques, armamento y vehículos, ligado a una red de huachicol en el que presuntamente estarían implicados elementos de la Marina y otros funcionarios públicos.
De acuerdo con las autoridades, a través de labores de inteligencia e investigación, se obtuvo información sobre diversos inmuebles vinculados con un sujeto dedicado a la comercialización ilícita de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos, por lo que se recabaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó las órdenes de cateo para intervenir los domicilios ubicados en los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey y Allende.
A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. En tanto, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.
