Durante 2019, los concesionarios de juegos con apuestas y sorteos en casinos y por Internet, no reportaron ganancias por 31 mil 756 millones de pesos, en un contexto donde la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación no corrobora los ingresos de las empresas con permisos para operar.
En sus conclusiones de la Cuenta Pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que, en cambio, los permisionarios solo pagaron mil 319 millones de pesos de impuestos.
Esta diferencia entre los ingresos y el pago de contribuciones se da porque dicha dirección “da por buenos los informes” mensuales de ingresos y estados financieros de las empresas, y no les exige documentación que permita comprobar el monto de sus ganancias, confirmó.
Además, expuso que la trasnacional española Codere se fusionó con Grupo Caliente -de Jorge Hank Rhon- sin informar a Gobernación, e incluso compró la mayoría de las acciones del Hipódromo de las Américas, aun cuando existe una restricción para que inversionistas extranjeros se hicieran del control de la empresa.
Fuentes del hipódromo revelaron que inicialmente Codere compró 49 por ciento de las acciones, como autorizaba el permiso de operación, pero ahora cuenta con casi 85 por ciento de la participación accionaria; el otro 15 por ciento lo ostenta Odesa.
La ASF tiene en la mira a la Función Pública por irregularidades en su servicio en el año de 2019.
Irregularidades en ejercicio de 2019
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó varias irregularidades y deficiencias dentro del ejercicio de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia encargada del combate a la corrupción en la administración pública federal (APF).
En una auditoría de desempeño, parte de la revisión de la Cuenta Pública 2019 que se entregó el sábado ante diputados, el órgano fiscalizador detectó que la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros incurrió en discrecionalidad en las indagatorias que realiza; se resistió al proceso de fiscalización –argumentando la suspensión de labores debido al Covid-19; aplicó apenas 92 investigaciones de evolución patrimonial, cuando se presentaron más de 575 mil declaraciones patrimoniales; ocultó información de un líder sindical, entre otras.
El haberse resistido a la fiscalización, agregó la ASF, “resultó ser incongruente con la estricta aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, y combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal impulsa en el ámbito de sus facultades”.
En la auditoría en la que se evaluó el Control Interno y la Gobernanza de los Órganos de Vigilancia y Control en la Administración Pública Federal, se detectaron irregularidades como la inexperiencia en el personal de la SFP, falta de claridad en los objetivos que se persigue, carencia de elementos para integrar un diagnóstico apropiado y suficiente de la situación que guarda el control interno en la APF.
Además, la dependencia no dispuso de una política, lineamiento o metodología para justificar cómo selecciona a los servidores públicos sujetos a investigación.
Esto, apuntó la ASF, propició condiciones favorables para la realización de actos de discrecionalidad en la selección de los funcionarios sujetos a investigación en 2019.
Detalló que en diez investigaciones de evolución patrimonial, cinco se relacionaron con el contenido y temporalidad de diversas notas periodísticas publicadas a lo largo del ejercicio fiscal, dos se realizaron a petición de instituciones externas a la SFP y sólo tres fueron sugeridas por áreas de la dependencia.
Otra de las resistencias observadas por la ASF fue la negativa a la entrega de información y documentación que se solicitó, en específico, la correspondiente a los expedientes generados por las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas por presuntas faltas administrativas durante todo 2019 ante los órganos internos de control, así como de los informes de presuntas responsabilidades administrativas formuladas en el año pasado estos órganos.
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