Condenan a expolicía que mató a su denunciante y familiares tras ser liberado por jueza

La decisión de conceder la libertad condicional a un expolicía denunciado por violencia familiar y privación ilegal de la libertad en Hidalgo terminó con un desenlace fatal: el asesinato de su acusadora y a sus familiares.

Meses después de abandonar la cárcel gracias al mandato de un jueza, Marco Antonio M. G. asesinó a su expareja, Rosaura Ocampo Hinojosa, a la madre de ésta, Rosa, y a su hermano Ramiro, pese a que la joven había advertido ante una jueza que temía por su vida y que su agresor representaba un peligro.

A más de un año de la masacre ocurrida el 5 de febrero de 2025 en la comunidad de Azoyatla, municipio de Mineral de la Reforma, un Tribunal de Enjuiciamiento declaró culpable al ex elemento de la Policía Municipal por los feminicidios de Rosaura y su madre.

Así como el homicidio doloso de Ramiro y el homicidio en grado de tentativa contra Roberto, padre de la víctima, y otro de sus hermanos, quienes sobrevivieron al ataque con heridas de gravedad.

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La audiencia para individualizar la sanción fue fijada para el próximo 9 de julio, cuando se definirá la pena que deberá cumplir el responsable y el monto de la reparación del daño.

Antes del crimen, Rosaura había denunciado a Marco Antonio por violencia familiar y secuestro. El entonces policía fue detenido y permaneció recluido en el Centro de Reinserción Social de Pachuca.

Sin embargo, el 15 de noviembre de 2024 la jueza Janett Montiel Mendoza suspendió el proceso penal y le otorgó la libertad condicional, pese a la oposición de la víctima, quien durante la audiencia insistió en que el acusado era una persona violenta y que su vida corría peligro.

Aunque las autoridades impusieron medidas cautelares por 18 meses para impedir que el agresor se acercara a Rosaura, éstas no evitaron nuevos actos de hostigamiento. Tras recuperar su libertad, el exagente volvió a ser denunciado por violencia familiar equiparada y enfrentaba un nuevo proceso penal.

La audiencia de imputación, prevista inicialmente para el 27 de enero de 2025, fue aplazada a solicitud de la defensa para el 10 de marzo. Rosaura nunca llegó a esa cita judicial: fue asesinada el 5 de febrero.

Una compañera de trabajo de la joven denunció públicamente, durante una Jornada por la Paz y Bienestar del Pueblo organizada por el Gobierno de Hidalgo, que Marco Antonio incumplía la orden de restricción y continuaba acosándola.

También afirmó que seguía portando el uniforme de la Policía Municipal de Mineral de la Reforma y utilizando vehículos oficiales acompañado de otros elementos, aun cuando el ayuntamiento sostenía que ya había causado baja.

Tras cometer el ataque dentro de la vivienda familiar, el exuniformado fue localizado durante un operativo desplegado ese mismo día. De acuerdo con el entonces secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Cruz Neri, intentó lesionarse el cuello con un arma blanca al verse rodeado en un filtro carretero antes de ser detenido.

El caso generó cuestionamientos sobre la actuación de las instituciones encargadas de proteger a Rosaura. No obstante, las revisiones internas realizadas por el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el Ayuntamiento de Mineral de la Reforma concluyeron que no existieron irregularidades administrativas, por lo que ningún servidor público fue sancionado por posibles omisiones.

Con Información de Redes Sociales