Fueron detenidas el día de hoy cinco personas, entre ellas Luis “N” (junto con su familia), exfuncionario del Gobierno de Michoacán, por su presunta vinculación con una red dedicada a la extorsión mediante la suplantación de identidad de funcionarios públicos.
Esta acción tuvo lugar en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y en ella también fueron detenidos Liliana “N”, esposa del exfuncionario; Luis Samuel “N”, su hijo; Aimee de Guadalupe “N”, su hija; y Agustín Arturo “N” un escolta; por su probable intervención en el delito de extorsión y quienes están relacionados con investigaciones por suplantación de identidad de funcionarios de la Presidencia de la República, Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Gobierno del Estado de México, entre otros, con el propósito de obtener beneficios económicos o laborales.
Según las investigaciones, Luis “N” fungió como Tesorero General y secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán del 2012 al 2013, además desempeñó cargos dentro de la administración pública en los diferentes órdenes de gobierno, “lo que le permitió conocer de primera mano estructuras político-administrativas, tanto de Michoacán de otras entidades y del gobierno federal”. Cuenta con antecedentes penales por peculado y fue inhabilitado en Michoacán.
Sobre el modus operandi del grupo delictivo, las autoridades señalaron que se basaba en “generar certeza y credibilidad ante sus víctimas –políticos, funcionarios públicos o empresarios–, al contactarlas a través de mensajes de texto o llamadas a sus números telefónicos personales, los cuales previamente habían obtenido a través de la intrincada red de relaciones personales construida a lo largo de los años como resultado de sus antecedentes en el servicio público.”
Durante la interacción, los victimarios obtenían información sensible que utilizaban para suplantarla y realizar actividades de extorsión.
Para ello, recurrentemente se hacían pasar por secretarios particulares de algún funcionario o figura política o económica de alto nivel que presuntamente buscaban actualizar agendas o gestionar comunicación por mensajes.
Tras ello, las víctimas eran contactadas por el supuesto funcionario de alto nivel, quien les refería “tener instrucciones superiores para pedirles su apoyo”, el cual consistía en numerario para “la operación política o agilizar pagos”, “la incorporación laboral de alguna persona en sus estructuras administrativas” o incluso “recomendar la contratación de servicios con alguna persona física o moral”.
El reporte del Gabinete de Seguridad señaló que, durante la conversación, los extorsionadores utilizaban expresiones y lenguaje previamente estudiado que les facilitaba “generar credibilidad”, para lo cual el número telefónico utilizado para contactar a las víctimas y su círculo cercano, contaba con imagen de perfil, ícono o registro de llamada, logotipos y nombres oficiales de gobiernos u organizaciones políticas.
“Incluso, para robustecer el engaño utilizaban Inteligencia Artificial para imitar la voz de los actores políticos o económicos a quienes suplantaban y creaban conversaciones ficticias entre supuestos funcionarios, a través de mensajes de texto o voz en conversaciones que después eran compartidas a sus víctimas”, destacó el Gabinete.
Debido a que Luis “N” cuenta con antecedentes penales, las exigencias económicas le debían ser entregadas en efectivo y cuando requería que el recurso se “bancarizara” utilizaba una moral dedicada a la arquitectura y construcción, propiedad de su hija Aimee “N”. Parte de esos recursos ilícitos fueron utilizados para adquirir propiedades en zonas de alta plusvalía y vehículos de alta gama.
La investigación acotó su área de operación al fraccionamiento “La Providencia”, en Metepec, en el Estado de México, en donde se localizaron diversos equipos telefónicos, múltiples tarjetas SIM de varias compañías y vehículos de alta gama.
Las personas detenidas fueron ingresadas en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya, donde quedaron a disposición de la Autoridad Judicial del Estado de México, quien, el pasado 6 de octubre los vinculó a proceso con medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de extorsión.
