Una red de intereses económicos para beneficio privado, tejida en torno a la contratación de obras y gestión de servicios públicos, quedó al descubierto y sujeta a investigación en el fronterizo estado de Tamaulipas, donde falta una semana para el cambio de gobierno.
Documentos en poder de La Jornada mostraron evidencia de operaciones en las que participaron familiares del gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca –quien termina su mandato este mes–, abogados, notarios públicos, además de empresas involucradas en la prestación de servicios a la administración estatal.
Parte de esos documentos integran el archivo de la información relacionada con el proceso de entrega-recepción entre la administración saliente y la entrante, del morenista Américo Villarreal Anaya. Está pendiente de resolver en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una impugnación del resultado, interpuesta por el candidato César Verástegui, quien fue postulado por la alianza de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.
El gobernador saliente García Cabeza de Vaca está sujeto a un proceso legal por defraudación fiscal, aunque tiene fuero constitucional mientras sea el titular del Ejecutivo tamaulipeco.
“En el estado echaron raíces intereses económicos que no quieren perder privilegios y también ha ocurrido en estos últimos años una falta de probidad en el uso de los recursos públicos”, dijo Américo Villarreal Anaya, al ser consultado por este diario sobre la información relacionada con las operaciones del actual gobierno tamaulipeco.
El intento de “tumbar la elección”, apuntó en referencia al proceso que decidirá esta semana el TEPJF, “es para ganar tiempo y tratar de maquillar la falta de probidad en el uso de los recursos públicos”, comentó. En cuanto comience la nueva administración y sean encontradas más evidencias a las que ya documentó la Fiscalía General de la República cuando inició el proceso contra García Cabeza de Vaca por desviaciones de recursos públicos, “se harán de conocimiento de la autoridad”, añadió.
Cambios legales
En los últimos meses, el gobierno de Tamaulipas impulsó modificaciones legales de estructuras para incidir en instancias relacionadas con seguridad, justicia y de administración de bienes públicos, según la información obtenida. En el Congreso del estado, de mayoría panista hasta las últimas elecciones, avanzaron cambios para transferir funciones de seguridad pública, bajo las órdenes del gobernador, a la Fiscalía –cuyo titular fue nombrado en el actual gobierno y seguirá hasta 2025–.
“La administración de García Cabeza de Vaca se ha ufanado de haber mejorado indicadores de seguridad. Aun así, mandaron el secretariado ejecutivo de seguridad pública y los centros de control de confianza a la Fiscalía General del estado, que por ser autónomo no será objeto del proceso de entrega-recepción y de revisión sobre la forma en que dispone de los recursos”, relató Villarreal Anaya.
En una decisión parecida, el gobierno actual logró que no pueda ser removida la plantilla encargada de los organismos operadores de agua potable, salvo que la propuesta de remoción cuente con la aprobación de dos tercios del Congreso.
“No podemos removerlos ni conocer los estados administrativos”, dice Villarreal, al referirse a los responsables de los operadores de agua. Es un tema relevante, sostuvo, “porque de esos organismos salieron recursos, que son difíciles de rastrear, para el apoyo de campañas políticas”.
En el tramo final de la administración, el Ejecutivo tamaulipeco ha otorgado 30 notarías públicas, algunas a funcionarios que participaron del gobierno local o en firmas que auditaron cuentas públicas.
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