Investigan a dos gobernadores electos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Hace unos días se celebraron las jornadas electorales; en la que se eligieron a gobernadores y diputados en varios estados del país; sin embargo, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), comenzó una investigación de todos los candidatos y candidatas, que participaron en los comicios.
El propósito de la investigación es detectar posible intervención del crimen organizado; esto, a la par de las actividades de la misma índole; que llevaba a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Por lo que tras estas investigaciones, ya salieron a la luz varios nombres de candidatos electos.
En las investigaciones arrojaron un listado de carácter confidencial, en el que se hallaron a seis candidatos a gubernaturas y diputaciones federales; militantes de al menos cinco partidos políticos; con presuntos vínculos con cárteles.
Según información del Milenio, en el listado aparece primeramente Rubén Rocha Moya, militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena); y gobernador electo de Sinaloa, a quien se le vincula con el cártel de Pacífico de Joaquín El Chapo Guzmán, e Ismael El Mayo Zambada.
Asimismo, también se encuentra Ricardo Gallardo Cardona, gobernador electo de San Luis Potosí, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); quien es señalado de mantener presuntos nexos con las organizaciones criminales, de Los Zetas y el cártel del Noroeste.
Es importante mencionar que en el 2015, Gallardo fue detenido y puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; acusado de transferencias ilegales por más de 200 millones de dólares, a través de sus empresas entre 2012 y 2014; triangulando las operaciones por medio de una clínica de especialidades, Wong, SA de CV. Sin embargo, fue liberado 11 meses después por falta de pruebas.
La UIF investiga a funcionarios por vínculos con el narcotráfico
Esta vez, el funcionario ya se encontraba bajo investigación de la UIF desde octubre del 2020, por supuesto lavado de dinero. Las denuncias apuntaban que el entonces aspirante y su padre, Ricardo Gallardo Juárez, habrían desviado más de 700 millones de pesos, en el municipio de Soledad; que controlaron de 2009 a 2018.
Estos funcionarios forman parte del grupo político, creado por ellos mismos, llamado La Gallardía; el cual ha sido excluyente para acceder al poder en el municipio; los señalamientos por supuestos vínculos con el narcotráfico, ha perseguido a esta agrupación desde hace tres lustros.
También, la titular del artículo, Jannet López Ponce, agregó que otros funcionarios a quienes también se les rastrearon vínculos con bandas criminales, son tres diputados federales; abanderados de la coalición Morena-Partido del Trabajo (PT)-PVEM.
El primer lugar esta: Emmanuel Reyes Carmona, ganador de la reelección por una diputación en Guanajuato. El documento estipula que, el diputado electo guardaría presuntos vínculos con el cártel Santa Rosa de Lima, de José Antonio Yépez Ortiz El Marro; vinculado la noche del martes, e ingresado a la cárcel del Altiplano, en Estado de México.
Segundo investigados es: Francisco Javier Huacus Esquivel, diputado electo de Michoacán, por la misma coalición que Reyes Carmona; a este funcionario se le vincula con la organización de los Viagra; cuya presencia domina en la región de Apatzingán.
Y como último investigado esta: Miguel Pavel Jarero Velázquez, ganador de la reelección de su diputación bajo la misma coalición que los dos anteriores; también se le adjudica posibles nexos con grupos criminales; sin embargo, no se ha especificado la identidad de la agrupación.
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Sin embargo, el Milenio aclaró que a pesar de las señalaciones, aún no se ha presentado ninguna denuncia, ante la Fiscalía General de la República.
