La Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), Claudia Carrillo Gasca impartió la plática “Principios de Imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda para los procesos electorales ordinarios y extraordinarios”, ante integrantes del Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública Quintanarroense (CCPAQ) y de la Asociación Nacional de Consejos Empresariales Regionales (ANCER).
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Ante la víspera del próximo proceso electoral federal y local en 2024, los Presidentes de CCPAQ, Gabriel Aceves Martínez y de ANCER, Lenin Amaro Betancourt, solicitaron la impartición de esta plática, por lo que Carrillo Gasca habló de todo lo relacionado a los actos anticipados de campaña y los criterios con que se definen y los antecedentes sobre las sanciones.
En la sede de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), la Magistrada Electoral destacó la importancia de que se garantice el principio de equidad en la contienda, es decir, la igualdad de condiciones que deben contar todas las personas que participen por un cargo público. De ahí que las y los servidores públicos deben saber lo que pueden o no hacer durante el proceso electoral para no caer en ilegalidades.
Afirmó que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que son actos anticipados de campaña “Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido”.
Durante su exposición presentó casos relevantes nacionales que han sentado precedentes sobre actos anticipados de campaña en el país.
Estuvieron presentes en este evento Alberto Farfán Bravo, Coordinador de Afiliación y Promoción del Partido del Trabajo en Solidaridad y Matilde Carrillo Vejar, Novena Regidora del Ayuntamiento de Solidaridad; así como lideres, activistas y servidoras y servidores públicos.
