Xalapa, Veracruz.– Veintiún personas relacionadas con la desaparición forzada y asesinato de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, Veracruz, fueron exoneradas del delito de delincuencia organizada.
Se trata de ocho ex policías estatales –entre ellos el ex subdelegado de Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández– y 13 civiles relacionados con un grupo criminal –incluido Francisco Navarrete Serna, presunto líder– acusados de haber privado de la libertad a cinco jóvenes el 11 de enero de 2016 y posteriormente asesinarlos y calcinarlos en el rancho denominado El Limón, en el municipio de Tlalixcoyan.
Los 21 detenidos quedaron absueltos de delitos federales y podrían solicitar su salida del penal de máxima seguridad en Gómez Palacio, Durango, y ser reinstalados en alguna cárcel de Veracruz para seguir sus procesos del fuero local por desaparición forzada y homicidio doloso.
Por estos crímenes, el pasado 4 de marzo el Gobierno de Veracruz ofreció una disculpa pública y reconoció la responsabilidad de sus elementos policiales. En ese evento, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, se comprometió con los deudos a acompañar las investigaciones federales contra los 21 imputados.
“Nos comprometemos, con pleno respeto a la autonomía de la Fiscalía General de la República, a acompañar las investigaciones federales que se encuentren pendientes: tanto las relacionadas con la delincuencia organizada como aquellas por violación a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad”, dijo en aquella ocasión el Subsecretario.
Injusticia, ¿hasta cuándo? Columba Arroíz (i) y María del Carmen Díaz (d), familiares de jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, lloran durante una conferencia de prensa.
A Francisco Navarrete, alias “El Primo”, un juez federal le concedió el amparo 11/2018, mismo que fue confirmado por un tribunal de alzada, tras argumentar una investigación deficiente de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) quienes duplicaron declaraciones (pruebas) en los juicios por delincuencia organizada y desaparición forzada, en vez de haber usado elementos independientes en cada uno de los procesos judiciales, el primero del fuero federal y el segundo del fuero local.
El abogado de las cinco familias víctimas, Celestino Espinoza Rivera, explica que la resolución se valió de un criterio de la Corte, que fue sostenido por el juez de distrito y confirmado por magistrados, por lo que no hay forma de atacarlo ya que se trata de la resolución de un recurso.
“La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no investigó más allá de lo que se había investigado por desaparición forzada. El proceso local únicamente se enfocó a la conducta de los detenidos con la desaparición y el homicidio de los jóvenes. La investigación por delincuencia organizada tenía que ir más allá, enfocada a la pertenencia de los detenidos al grupo delincuencial, a que ellos se dedicaban a realizar varios secuestros en la zona de Tierra Blanca, a conseguir más testimonios y exponer todo lo hallado en el rancho El Limón, como indicios de robo de combustible y robo de autotransporte de carreteras federales”, dijo el jurista en entrevista.
El juez cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, se apoyó en la resolución favorable de Francisco Navarrete para exonerar a los otros 20 implicados, mediante un incidente de desvanecimiento de datos.
“El juez utilizó el mismo criterio indebidamente que se le aplicó a Navarrete. ¿Por qué hablamos de indebidamente?, porque el amparo surtía efectos solamente para él. Al resto de los imputados incluso ya se les había vencido el plazo para impugnar de la misma forma, sin embargo, se excede en el uso de una figura procesal como lo es el desvanecimiento de datos para transmutarla en un recurso extraordinario que echa abajo un auto de formal prisión firme”, agregó Espinoza Rivera.
Pese a las protestas y a las promesas gubernamentales las injusticias son el pan de cada día.
Este martes 12 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó en conferencia que dará seguimiento a casos en que jueces “a modo” conceden la libertad a presuntos criminales. Para ello, dijo, hablará con ministros y el presidente de la Suprema Corte, y con la Fiscalía General de la República.
“Lo que sucede en algunos juzgados del Poder Judicial es que se detienen a presuntos delincuentes y tardan tres días, cinco días, y quedan libres. Y el argumento o la excusa es que no están bien integradas las averiguaciones, que no se cumplió con el debido proceso (…) Y –los presuntos delincuentes– salen hasta riéndose, burlándose de la autoridad.
“Este asunto lo vamos a tratar, transparentándolo (…) Y lo vamos a dar a conocer para que los ciudadanos sepan del comportamiento de los servidores públicos. De esta manera vamos limpiando, si no todo queda en el anonimato”, sostuvo.
Impotencia.- María del Carmen Díaz (d) y Columba Arroíz (atrás), familiares de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca; el Gobierno de Veracruz y el federal se ofrecieron a brindar justicia en este penoso hecho, hoy quedan debiendo a todos.
Pie de Página tuvo acceso a las declaraciones de dos detenidos por el caso Tierra Blanca. Ellos advirtieron que Francisco Navarrete Serna era el líder de una célula delictiva en Tierra Blanca y que cometió diversos delitos de alto impacto con la protección de elementos de la Secretaría de Marina (Semar).
“…Que era ‘EL NAVARRETE’ quien era el conecte con la gente de la Secretaría de Marina, para que nos brindaran protección”, declaró Luis Delfino Alcaraz López, presunto integrante de un grupo delincuencia.
“…Cuando le dije a los policías que era gente del Conde [Marcos Conde Hernández], me preguntaron: ‘que como me identificaba’ a lo que yo les dije ‘El Charro’, y el poli me pregunto que, si era ‘El Charro’ del primo, refiriéndose a NAVARRETE, porque así le decían algunos, ‘Primo’. A este NAVARRETE solo lo conozco de vista por dos veces que fue a la tienda del OXO (lugar destinado al almacenamiento de objetos robados en el rancho El Limón), cuando platicaba con el jefe o patrón [Marcos Conde], pero no sé de que hablaban, pero al parecer NAVARRETE era de la Marina y era quien nos daba protección a toda nuestra gente que estaba operando en la zona, ya que nos habían dicho que si nos paraba la Marina, le habláramos en mi caso ‘al Chango’ y él se encarga de hablarle de avisarle a ‘al patrón’, y este se ponía en contacto con NAVARRETE, y ya este hablaba para que nos dejaran ir y no nos agarraran, este NAVARRETE…”, declaró Ismael López Mendoza, otro presunto criminal.
Estas declaraciones fueron algunas que los elementos de la FGR duplicaron en los procesos por desaparición forzada y delincuencia organizada y que el tribunal de alzada desechó apoyado en las controversias de la SCJN.
“De igual forma, este Tribunal de amparo observa que la autoridad responsable ordenadora refirió que del contenido de esas documentales se obtienen datos e indicios, los cuales demuestran en lo de interés, que probablemente desde septiembre de dos mil quince, el quejoso -Francisco Navarrete- era integrante de un grupo criminal, mismo que fue organizado para llevar a cabo de manera permanente el ilícito de secuestro, y operaba en Tierra Blanca, Veracruz, bajo la dirección del amparista, así como que éste era encargado de brindar protección a dicho conglomerado delictivo, respecto de los actos que la Marina efectuaba”, se lee en el juicio de amparo 11/2018.
Para Bernardo Benítez Herrera, padre de uno de los cinco jóvenes de Playa Vicente, el amparo concedido a Francisco Navarrete ventila una protección en su favor por estar relacionado con la Semar. “Quizá el juez está queriendo proteger a la Marina porque se trataría de un escándalo nacional, pero eso a nosotros qué, si las declaraciones ahí están, las pruebas ahí están. No entiendo la determinación del juez para librarlo por desaparición forzada”, dijo en entrevista.
El padre agregó: “Hoy lo explicaba muy bien el Presidente de que por cualquier cosa los jueces dejan libres a criminales. A nivel nacional todos saben cómo estuvo nuestro caso y ahora resulta que los exoneran por delincuencia organizada. Yo no sé si el juez hubiese hecho lo mismo si uno de sus hijos hubiera estado involucrado”.
Benítez Herrera explicó que espera reunirse con Alejandro Encinas Rodríguez, así como con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
“Si no ponen atención en estos casos, al rato les va a explotar el país, porque hay miles de familias como nosotros. Que recuerden que está de por medio su palabra que dieron en la disculpa pública”, concluyó.
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