Por mayoría de cuatro votos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de Juana Hilda González Lomelí, quien pasó los últimos 19 años en prisión por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de la fallecida activista Isabel Miranda de Wallace, ocurrido en 2005.
La decisión llegó tras un amparo interpuesto por la defensa de la acusada, quien había sido sentenciada a 78 años de cárcel. La SCJN determinó que no hay pruebas suficientes para responsabilizar a González Lomelí por los hechos y que, además, hubo violaciones a su debido proceso, incluyendo presiones, tortura y amenazas para la obtención de declaraciones, cuya validez se anuló tras el fallo.
Por su parte, el Instituto Federal de Defensora Pública (IFDP) emitió un comunicado en el que señala que “esta resolución debe tener efectos inmediatos” en los casos de César F., Albert C., Tony C., Brenda Q. y Jacobo T., cuyas acusaciones “se basan en las mismas pruebas que la SCJN declaró nulas”.
En ese sentido, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió en 2020 una recomendación que aboga por la libertad de Brenda Q., al considerarla víctima no sólo de detención arbitraria, sino también de tortura y tratos crueles durante su proceso penal.
La liberación de González Lomelí podría tener efectos en los casos anteriormente mencionados, por lo que el IFPD calificó el fallo como “de enorme relevancia”, por “poner de relieve algunas de las violaciones más persistentes del sistema penal tradicional, como la obtención de pruebas bajo tortura, las violaciones al derecho de defensa y el uso de estereotipos y prejuicios de género”.
