México estudia acciones legales contra SpaceX por impacto ambiental en costas nacionales

México estudia acciones legales contra SpaceX por impacto ambiental en costas nacionales

Autoridades del gobierno de México han comenzado un proceso de análisis legal internacional con la intención de evaluar si existen elementos para proceder contra la compañía SpaceX del multimillonario Elon Musk luego de un reciente incidente que provocó daños ambientales en territorio nacional.

Los hechos que han encendido las alertas ocurrieron tras el último lanzamiento del cohete Starship, cuyo despliegue terminó en una explosión durante la etapa de regreso, provocando la caída de restos en áreas cercanas al litoral de Tamaulipas.

Las secuelas de este evento han generado inquietud en sectores científicos, ambientales y sociales por el posible daño ecológico en una región sensible tanto por su biodiversidad como por su cercanía a la frontera con Estados Unidos.

El análisis en curso contempla una revisión a fondo de la normativa internacional que rige las actividades aeroespaciales y su impacto transfronterizo. “Se está haciendo una revisión internacional, qué leyes se están violando y, a partir de ahí, iniciaremos un proceso”, se explicó al respecto. La intención, aseguraron, no es solo documentar el incidente, sino establecer bases jurídicas para una eventual acción legal.

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La preocupación no se limita a los efectos inmediatos del incidente, sino a las implicaciones de largo plazo que podría tener la actividad espacial tan cercana a territorio nacional.

“Lo estamos revisando no solamente para hacer una revisión y punto, sino todo lo que tiene que ver con el lanzamiento de los cohetes que están muy cerca de nuestra frontera, los impactos que tiene en la zona y, dentro del marco de las leyes internacionales, hacer las demandas necesarias que se tengan que hacer”, se puntualizó.

El suceso que detonó este análisis ocurrió el 18 de junio, cuando el cohete Starship explotó en su plataforma de lanzamiento ubicada en Boca Chica, Texas, a escasos tres kilómetros del límite con México. Aunque la mayor parte de los restos cayeron inicialmente en el Atlántico, las corrientes marinas arrastraron escombros hasta playa Bagdad, en Matamoros.

El arribo de fragmentos como caucho, aluminio, silicona, tanques metálicos y envases plásticos provocó el despliegue de personal para su recolección. Sin embargo, grupos ambientalistas han advertido que parte de la microbasura espacial pudo haberse dispersado más allá de lo visible, aumentando el riesgo ecológico para especies protegidas.

Una de las consecuencias inmediatas fue la suspensión de un programa de conservación de la tortuga Lora, una especie en peligro de extinción, cuya liberación de más de 10 mil crías fue frenada por la presencia de residuos en las playas donde habitualmente se realiza el proceso. Los especialistas temen que la basura pueda poner en peligro la vida de los ejemplares juveniles al momento de su retorno al mar.

Además, científicos advierten que algunos de los materiales que componen los fragmentos de cohetes podrían contener sustancias químicas peligrosas, capaces de infiltrarse en los ecosistemas marinos y afectar la cadena alimenticia, tanto de animales como de comunidades humanas cercanas.

Este incidente reabre el debate sobre la responsabilidad de las empresas privadas en la exploración espacial y los límites legales cuando sus actividades afectan directamente a países vecinos. Mientras continúa la recolección de datos y la revisión de normativas, se espera que este caso siente un precedente sobre el alcance de la regulación internacional en la era de la conquista espacial privada.

Con Información de Agencias