Tras haber sido notificados, el jueves por la noche, sobre la detención del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, representantes de los padres y las madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa acudieron a la audiencia inicial de formulación de imputación del ex funcionario, en calidad de asesores jurídicos.
Así lo dio a conocer Isidoro Vicario, abogado de las familias, quien calificó de positiva la detención de Aguirre Rivero, acusado de ordenar la destrucción de videos tomados por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia en Iguala, donde fueron atacados los estudiantes.
Es importante, sostuvo en entrevista, porque se perdió evidencia sobre la desaparición de un grupo de jóvenes que viajaban en el autobús Estrella de Oro número 1531, quienes fueron bajados en esa zona. “Las cámaras pudieron haber grabado su destino”, enfatizó.
Vicario reiteró que una de las exigencias de las familias de los normalistas ha sido que se investigue “a todos los responsables, tanto autoridades municipales, estatales y federales”. Sin embargo, subrayó, las detenciones deben dar resultados, es decir, que los acusados “aporten datos para saber el paradero de los 43, porque lamentablemente han hecho uso del derecho de guardar silencio”.
En cada detención, mencionó, los padres y madres “están con expectativa para ver qué información brindan respecto del paradero de los jóvenes”.
Destacó que la postura de las familias también es que las indagatorias no se reduzcan sólo a autoridades estatales o municipales: “Deben seguirse las otras líneas, sobre todo las relacionadas con autoridades federales, incluso con el Ejército Mexicano”.
Niegan a Aguirre arraigo domiciliario
El juez federal Mario Elizondo Martínez dictó prisión preventiva oficiosa al ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, y le negó el beneficio de reclusión domiciliaria, al considerar que existe riesgo de que se evada, tras ser acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de obstrucción de la justicia y desaparición forzada, ilícitos por los que podría alcanzar una pena de hasta 70 años de cárcel.
Aguirre Rivero es señalado de haber ordenado el ocultamiento y destrucción de evidencias de lo sucedido con un grupo de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, quienes están desaparecidos desde esa fecha, y permanecerá en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.
Durante la audiencia, llevada a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, el Ministerio Público dio a conocer que la acusación contra Aguirre Rivero se basa en los testimonios de Blanca N, ex visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Lambertina N, ex presidenta del Poder Judicial de esa entidad.
Según los testimonios, el entonces gobernador ordenó ocultar y destruir toda evidencia de lo acontecido esa noche en Iguala frente al Palacio de Justicia con los estudiantes que viajaban en el autobús 1531.
En la relatoría que hicieron los representantes de la FGR se reveló que el 29 de septiembre de 2014, Blanca y Lambertina recibieron de Isaías Rodríguez, quien era el encargado del área de informática del tribunal, un sobre con un disco que contenía los videos en los que se observa cómo policías de Iguala y hombres vestidos de civil obligaron a un grupo de normalistas a bajar de la unidad en que se transportaban y luego fueron desaparecidos.
La ex visitadora habría tomado el disco con los videos y, minutos más tarde, se lo entregó a Aguirre, quien presuntamente después se lo dio al entonces procurador estatal Iñaki Blanco para que “se hiciera cargo”.
El 30 de septiembre, según los testimonios, el gobernador citó a sus colaboradores más cercanos, incluida Blanca, y ahí ordenó que destruyeran toda evidencia de lo que había pasado el 26 y 27 de septiembre.
Ambas testigos revelaron que consideraban a Aguirre “una persona peligrosa”, pues tanto él como su sobrino Ernesto Aguirre, quien fungía como su asesor, “tenían relación con los grupos criminales”.
Aguirre Rivero se presentó a la audiencia en silla de ruedas y declaró que, a raíz de su detención, presentó complicaciones de hipertensión.
Aunque la defensa del ex gobernador solicitó que a su cliente se le permitiera permanecer en arraigo domiciliario por su edad y estado de salud, el juez consideró que no cumple los supuestos para acceder a ese beneficio.
En un principio, Aguirre se reservó el derecho a declarar, pero al final tomó la palabra para decir que lamentaba lo que había ocurrido esa noche con los normalistas, que él siempre había colaborado con las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos, e incluso expresó: “tengo mi conciencia tranquila y en paz” y “demostraré a mi familia que nada tengo que ver con lo que pasó”.
Tras la audiencia, la FGR señaló que las investigaciones “acreditaron, con plena evidencia y apego al debido proceso, la participación de Aguirre, junto con servidores públicos estatales de alto nivel, en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes”.
