Cobros millonarios a periodistas “chayoteros” quedan al descubierto
En 2018, en México se contabilizaron 52.4 millones de pobres. Fue el año en que la popularidad del Presidente Enrique Peña Nieto tocó fondo y la elección presidencial castigó su partido: el Revolucionario Institucional (PRI). Mientras eso ocurría, la Secretaría de Gobernación (Segob) siguió la fiesta del derroche con la publicidad oficial a medios de comunicación. Así lo confirma la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en ese periodo.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Segob le corresponde elaborar e instrumentar la normatividad aplicable en materia de comunicación social del Gobierno Federal, así como las relaciones con los medios masivos de información. También debe administrar el tiempo de que dispone el Estado en radio y televisión; así como autorizar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades gubernamentales.
En la tercera entrega de la Cuenta Pública de la ASF que revisó las autorizaciones y la ejecución del gasto de servicios de comunicación social y publicidad del ejercicio fiscal de 2018. Se encontró que la Segob emitió estrategias de comunicación oficial sin que contaran con presupuesto autorizado; que incrementó el gasto a ese rubro sin rendir cuentas ni justificar la decisión; no informó de todo el gasto de publicidad en la base de datos pública de Comunicación Social de la SFP y se dio el dinero a medios de comunicación sin estudios previos, es decir, se les pagó sin tener la certeza de que las campañas difundidas en esas vías tendrían el efecto esperado.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto se gastaron 60 mil 237 millones de pesos en publicidad oficial, de los que 48 por ciento se destinaron sólo a 10 medios de comunicación y el 52 por ciento restante a 850 medios, de acuerdo con los reportes de las organizaciones civiles Fundar y Artículo 19.
Los sobre ejercicios en el presupuesto del gasto público fueron la constante. En 2013, la variación entre el presupuesto ejercido respecto del aprobado es superior en casi 50 por ciento, en 2014 fue de 35 por ciento, en 2015 de 80 por ciento, para 2016 de 133.58 por ciento más y en 2017 se gastó 200 por ciento más, 7 mil 160 millones 622 mil 278 pesos extras.
En el último año de Gobierno de Peña Nieto, cuando Miguel Ángel Osorio Chong dejó la Segob para ir por un espacio en el Senado de la República y ocupó su lugar otro priista de cepa: Alfonso Navarrete Prida. La ASF encontró que ese año se emitieron autorizaciones de estrategias y programas anuales de comunicación social y/o promoción y publicidad a dependencias y entidades que no contaban con recursos presupuestarios previamente autorizados y asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018.
Se autorizó incremento en los recursos a los programas anuales sin valoraciones fundadas o motivadas por la Dirección General de Normatividad de Comunicación; no se encontraron las pruebas de que la Segob realizara la solicitud para los tiempos oficiales que por ley corresponden al estado y que los medios tienen que dar de manera gratuita. Tampoco se cumplió con la rendición de cuentas, ya que la información que cada mes se subió al Portal de Comunicación Social de la Secretaría de la Función Pública (SFP) no coincidió con el dinero reportado en la Cuenta Pública.
Finalmente, en medio del derroche, la ASF no encontró los estudios pre-test, que son lo que permiten conocer el impacto, comprensión y grado de aceptación de las propuestas de campaña, ni tampoco las fórmulas, modalidades y reglas para la asignación de tiempos oficiales.
Esto quiere decir que se pagó a medios de comunicación sin saber si eran la vía para llegar al público objetivo o si eran el canal idóneo para comunicar los mensajes.
Un grupo de diez medios que concentraron el 49 por ciento gasto. Televisa y TV Azteca fueron los que más se beneficiaron de estos presupuestos, ya que juntos acumularon 3 mil 148 millones de pesos.
La Dirección General de Normatividad de Comunicación (DGNC) de la Segob autorizó en el ejercicio 2018 las estrategias y programas anuales de comunicación social y/o promoción y publicidad para 83 dependencias, un presupuesto de 6 mil 856 millones de pesos.
De esas, ocho no presentaron las estrategias y programas anuales de comunicación social y/o promoción y publicidad autorizadas. Para otras dos se autorizaron campañas sin verificar el Presupuesto de Egresos de la Federación y los montos fueron superiores a lo estipulado ahí.
En los requisitos para incrementar los recursos a los programas anuales de comunicación social, están una justificación detallada, que se precise el costo y fuente de financiamiento y presentar la modificación, para que luego sea valorada. Fueron 20 dependencias las que solicitaron un incremento por 5 mil 742 millones, principalmente Gobernación, Secretaría de Salud (SSa), Comunicaciones y Transportes (SCT), Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
La Segob, por ejemplo, justificó el aumento por desastres naturales, a pesar de que éstos tienen cierta temporalidad y pueden incluirse desde el Presupuesto, por lo que no entraban como “contingencia”.
Pasó lo mismo en la SSa, que pidió aumento para enfermedades que también estaban ya previstas, en la SCT dijo lo mismo que Segob, que “los desastres naturales”; la Sedesol pidió más dinero por los datos de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de dos años antes y la Sedatu, pidió más dinero para los sismos, para informar oportuna, transparente y verazmente las acciones de reconstrucción de las viviendas afectadas, aunque también el Servicio Meteorológico Nacional lo metió para lo mismo.
Con información de Daniela Barragán; https://www.sinembargo.mx/21-02-2020/3734763
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