Al negar que el reinicio del juicio de desafuero contra el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas sea una manera de presionar a fin de obtener los votos necesarios para aprobar la reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que los votos en el Congreso dependen de cada quien, de si quieren pasar a la historia o la basura de la historia.
Recordó que en contra de Moreno Cárdenas hay varias investigaciones y “lo que yo tengo como criterio es que actúen con libertad las autoridades de justicia porque ya no hay consigna contra nadie”, dijo.
“Nosotros no hacemos ningún tipo de acuerdos que tengan que ver con complicidad y tampoco perseguimos a nadie no es ni fuerte la venganza y los que están en la cárcel es porque cometieron algún delito”.
Reveló que se han devuelto 52 millones de dólares por la venta a sobreprecio de una planta de fertilizantes a Pemex. El compromiso es devolver 200 millones de dólares en dos pagos.
También dio a conocer que por impedir la privatización de ocho penales en el país, el gobierno de la República se ahorró alrededor de 10 mil millones de pesos.
“Acelerar proceso de desafuero de ‘Alito’”
El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, pidió a la Sección Instructora avanzar, de acuerdo con los tiempos legales, en el proceso del desafuero del diputado y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
Después de que el expediente se “congeló” en San Lázaro por el acuerdo del PRI con Morena y el gobierno federal para aprobar la reforma constitucional sobre la “militarización” de la seguridad pública con la Guardia Nacional, el líder morenista demandó continuar con el expediente.
“Una vez que ya (los diputados de la Sección Instructora) conocieron el expediente, viene la etapa de alegatos en la que tanto la Fiscalía de Campeche, como la defensa del diputado Moreno, tendrán que presentar todos aquellos argumentos y recursos que consideren necesarios”, explicó.
Al dirigente del PRI se le acusa de los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal, pero su solicitud de desafuero lleva ya casi cuatro meses en los archivos de los actuales diputados.
En entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, indicó que el desafuero del diputado Alejandro Moreno, o la declaración de procedencia, “es en realidad un proceso con características jurisdiccionales que tiene tiempos; y uno de los tiempos o de las etapas del proceso es que a más tardar el 15 de diciembre los integrantes de la Sección Instructora deberán solicitar pasar a la siguiente etapa”.
-¿Esto se acelera por la reforma electoral?
-No, está establecido, así está, son tiempos que están establecidos. Yo lo dije desde el principio. Lo mismo le pasó a los otros cuatro casos de declaración de procedencia que se hicieron el año pasado, exactamente igual.
Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, -integrante también de la Sección Instructora, instancia encargada de procesar y dictaminar el caso los casos de desafuero- aseguró que desconoce lo que señala el diputado y que la Sección Instructora -que preside Morena- ni siquiera ha convocado a sesión.
“Lo desconozco, lo desconozco, lo desconozco. No hemos sido convocados. Cuando seamos convocados les digo”, comentó evasivo. “No hay ningún acuerdo”, y “se los digo con todo respeto, no vamos a generar una nota donde no la hay”.
También aseguró que no hay ni ha habido presiones ni amagos de Morena ni del gobierno contra el PRI por el caso del desafuero de Moreno Cárdenas.
“No, no hay. No hay ningún amago, ni hay fecha, lo que pasa es que eso dice el calendario, que se va a resolver”, comentó. “Tiene que irse resolviendo por partes cualquier procedimiento, pero no hay ningún amago”, reiteró.
La Sección Instructora la integran cuatro diputados, dos de Morena, uno del PRI y uno del PAN. La normatividad de su operación indica que si hay empate en la votación de un dictamen éste se congela y no procede turnarlo al pleno de los 500 legisladores para su debate y votación final.
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