MIA38. NUEVA YORK (NY, EEUU), 03/12/2018.- Reproducción fotográfica de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece la asistente del Fiscal de Estados Unidos, Andrea Goldberg (i), mientras pregunta al narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez, alias "Chupeta" (2i), frente al juez Brian Cogan (d-arriba) y el narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán (d-abajo) durante la continuación hoy del juicio por narcotráfico contra "El Chapo" en el tribunal del Distrito Sur en Brooklyn, Nueva York (EE.UU.). El exlíder del cartel del Norte del Valle afirmó hoy como testigo del Gobierno de EEUU contra Joaquín "El Chapo" Guzmán que, según le dijo uno de los líderes del cartel de Sinaloa, durante los años 90 llegaban tantos aviones con coca que parecía que Colombia "invadía" México. EFE/Jane Rosenberg
Para el juez Brian Cogan, encargado del juicio contra el capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en Nueva York, detallar las sangrientas ejecuciones en la guerra entre cárteles y con el Ejército y Marina ya fue demasiado, por lo que ha restringido divulgar ese tipo de acciones del crimen organizado.
Los detalles sobre los asesinatos y el derramamiento de sangre que los testigos han divulgado durante el juicio de Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera superan incluso a los casos más violentos de la mafia.
En las primeras cuatro semanas de testimonios, los testigos han relatado historias escalofriantes sobre personas que fueron apuñaladas en la cara, que fueron baleadas en la puerta de sus casas y a las que casi les arrancaron la cabeza. Pero aunque al menos una veintena de asesinatos ya han sido discutidos, muchas más historias oscuras, y muchas más pruebas espeluznantes, no han sido escuchadas por los jurados.
La Marina presentó en 2011 a 36 delincuentes, entre los que se encontraba, Gabriela Gómez Robles, «la Gaby», contadora del Cártel del Golfo en Matamoros y Ricardo Salazar Pequeño, jefe de plaza del CDG.
El juez Brian Cogan, quien preside el juicio en la Corte del Distrito Federal en Brooklyn, ha mantenido un control estricto sobre los hechos de sangre, en un intento por equilibrar lo que es necesario escuchar para transmitir la dura realidad de los cárteles de la droga en América Latina y lo que, literalmente, son exageraciones.
Sin embargo, esta semana sus esfuerzos fueron criticados por los abogados de Guzmán cuando comenzaron a interrogar al principal proveedor de cocaína de su cliente, Juan Carlos Ramírez Abadía, “Chupeta”, un hombre excepcionalmente violento que, en sus propias palabras, participó en al menos 150 asesinatos. Cuando los abogados le pidieron a Ramírez que describiera algunos de estos crímenes, el juez Cogan interrumpió esas preguntas.
“No entiendo la relevancia”, confesó el juez, y señaló que le preocupaba que la defensa le estuviera “dedicando mucho tiempo” a las ejecuciones de Ramírez. Si bien no suspendió las preguntas por completo, animó a los abogados a explorar otros temas. “Veamos si no es necesario hablar de los 150 asesinatos”, sugirió.
Mapa de rutas del narcotráfico en México, detallado por la DEA; ¿cuándo difundirán un mapa similar con las rutas en Estados Unidos?
Cogan ha dudado antes de permitir pruebas explícitas. Antes del juicio, los fiscales dijeron que planeaban acusar a Guzmán de matar u ordenar personalmente la ejecución de más de treinta personas, entre ellas, rivales, agentes de la ley y personas de su organización. Pero en una audiencia previa al juicio en octubre, el juez dijo que el número era “demasiado” alto e “inmanejable”. Y le aconsejó al gobierno que lo redujera drásticamente.
“Este es un caso de conspiración para traficar drogas que involucra homicidios”, explicó. “No voy a dejar que lo enjuicien como un caso de conspiración para asesinar que involucra drogas”.
A menudo, los jueces limitan las pruebas perjudiciales. Por su parte, los fiscales no deben inundar a los jurados con testimonios virulentos que podrían influir en sus sentimientos hacia los acusados. De manera similar, se espera que los abogados defensores no centren sus interrogatorios en impugnar la credibilidad de un testigo.
El juez Cogan también ha sido cauteloso al restringir los testimonios sobre la corrupción de altos funcionarios en México. Pero sus decisiones de esta semana sobre los testimonios acerca de la violencia parecen haber disgustado especialmente a los abogados de Guzmán.
La defensa se quejó de que los fallos y las sugerencias no solo les han impedido explorar a fondo la naturaleza sádica de los testigos del gobierno, sino que también han saneado la brutal violencia por la que son conocidos los cárteles de la droga.
“El asesinato es un acto infame y los actos infames van directamente al corazón de la credibilidad de alguien”, dijo uno de los abogados, William Purpura, ante el tribunal en referencia a Ramírez. “Tenemos derecho a repasar todas estas malas acciones para mostrar qué tipo de personaje es este”.
Sin embargo, los representantes del gobierno no han expresado ninguna objeción por las instrucciones del juez. Durante un interrogatorio directo, los fiscales nunca le preguntaron a Ramírez sobre las ejecuciones,¡ y dejaron que la defensa lo guiara a través de su larga lista de víctimas.
Como el caso de un abogado que fue asesinado a tiros en una librería en Colombia, después de discutir sobre los negocios de Ramírez en una borrachera. También se mencionó a un “señor Canoso”, a quien le dispararon en la cabeza después de robarle 2 millones de dólares a Ramírez.
Ramírez admitió ante la defensa que llevaba un registro contable de los gastos por sus asesinatos. Algunas de las entradas fueron muy precisas. Enumeró el pago de 338 mil 776 dólares a un escuadrón de sicarios.
Aún no se sabe cuántos asesinatos más serán mencionados en el juicio y cuán explícitos serán los detalles. El gobierno todavía no ha mostrado la evidencia que tiene sobre el asesinato de Francisco Aceves Urías, un pistolero de Guzmán conocido como “Barbarino”, quien fue asesinado hace tres años en el estacionamiento de un restaurante en México.
El jurado tampoco ha escuchado acerca de los dos traficantes que presuntamente fueron asesinados por el capo mexicano durante un almuerzo. Los fiscales afirman que cuando los hombres murieron, arrojaron sus cuerpos a un pozo y los incendiaron.
Pero si el testimonio de Ramírez es una guía, el gobierno puede luchar para dejar fuera cualquier otra evidencia explícita.
El martes, por ejemplo, el abogado William Purpura le mostró al jurado una foto que había encontrado al buscar el término “150 personas” en Google. Afirmó que era una herramienta visual para mostrar cuán grande es el grupo de víctimas de Ramírez.
Los fiscales se opusieron a la foto y dijeron que era “demasiado perjudicial”. Pero el juez Cogan permitió que se usara, con una condición: que Purpura le dijera al jurado que las personas de la imagen no habían sido asesinadas.
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