La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, no aceptó la propuesta para reparar el daño que asciende a cinco mil 500 millones de pesos por el caso en su contra por la Estafa Maestra.
Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que ante la negativa de Rosario Robles para reparar el daño, no existen condiciones para llevar a cabo un procedimiento abreviado o un criterio de oportunidad, por lo que propuso pasar a la etapa intermedia.
El procedimiento abreviado al que buscaba acceder la exfuncionaria del Gobierno de Enrique Peña Nieto requería que la imputada se declara culpable para recibir una sanción mínima, mientras que el criterio de oportunidad consiste en colaborar con autoridades para que retiren la acción penal en su contra.
La audiencia intermedia de la extitular de la Sedesol inició este vienes, a pesar de que su defensa había solicitado aplazarla. Robles es acusada por el presunto delito de uso indebido del servicio público, por ser omisa de un desvío de más de cinco mil millones de pesos.
El Juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, inició la audiencia intermedia en la que la extitular estuvo acompañada de su defensor Epigmenio Mendieta.
Después de dos horas, el Juez difirió la audiencia de Robles para ayer 26 de febrero, en la que la defensa daría a la FGR una nueva propuesta para reparar el daño a fin de llegar a un acuerdo, situación que no sucedió.
Un día antes, los abogados de la exfuncionaria habían afirmado que no existían condiciones para realizar la audiencia, pues la FGR no planteó ninguna negociación pese a que ellos han manifestado su intención de buscar un criterio de oportunidad o de acogerse a la figura de procedimiento abreviado.
El 13 de agosto de 2019, Robles fue puesta en prisión preventiva y confinada en el penal de Santa Martha Acatitla por ejercicio indebido de la función pública cuando fue secretaria de Desarrollo Social. El 18 de septiembre de 2019, la Función Pública (SFP) la inhabilitó por 10 años para empleos, cargos o comisiones en el servicio público por falsear información en su declaración patrimonial. Hoy sigue detenida.
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