La empresa denominada Zdenko es señalada de formar parte de una red vinculada a Latinus, propiedad de Roberto Madrazo Pintado, y al periodista Carlos Loret de Mola, la cual habría obtenido contratos millonarios con el IMSS-Bienestar en Puebla mediante presuntos sobrecostos que habrían generado un daño patrimonial a las finanzas públicas.
De acuerdo con una investigación de la periodista Nancy Flores publicada en la revista Contralínea, los servicios contratados presentaban costos considerablemente superiores a los ofertados por otros proveedores, presuntamente de hasta 200% en servicios de hemodiálisis, lo que ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de adjudicación, supervisión y uso de recursos públicos destinados a la atención médica.
La investigación sostiene que la compañía beneficiada forma parte de una estructura empresarial previamente relacionada con proyectos asociados a Latinus, plataforma que ha estado en el centro de diversas investigaciones sobre contratos gubernamentales y esquemas de negocios con recursos públicos.
Ante estos señalamientos, han surgido exigencias para que las autoridades correspondientes revisen los contratos otorgados, determinen posibles irregularidades y, en su caso, finquen responsabilidades administrativas, fiscales o penales.
La investigación periodística reveló que la empresa beneficiada está muy relacionada con proyectos vinculados a Latinus y a personajes políticos y mediáticos que han sido objeto de investigaciones por contratos gubernamentales.
El caso ha provocado nuevas exigencias para que las autoridades revisen los contratos y determinen posibles responsabilidades administrativas, fiscales o penales derivadas de las operaciones señaladas.
Por su parte, el titular del Programa IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, confirmó que se detectó un sobrecosto del 200 por ciento en el servicio de hemodiálisis contratado en Puebla y Estado de México, por lo que se inició un proceso para cambiar de proveedor y sancionar al anterior.
Durante la conferencia La Mañanera del Pueblo que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum, este martes 2 de junio, dijo que la empresa Zdenko estaba cobrando 32 mil pesos por sesión cuando el costo habitual en el sector privado es de hasta 1,500 pesos.
El funcionario detalló que dicho proveedor ya se encuentra en proceso de sustitución, sin embargo garantizó que esto no debe afectar a la atención de los pacientes renales que requieren de este servicio.
“Identificamos un comportamiento inusual en esta empresa con un sobrecosto que llegaba hasta el 2 mil por ciento respecto a la competencia, esto es un desfalco y obviamente un acto de corrupción que hemos hecho público para garantizar su transparencia”, expresó.
El titular del IMSS Bienestar afirmó que tras identificarse el sobrecosto se iniciaron los procedimientos para cambiar de proveedor de los servicios de hemodiálisis en ambas entidades del país, procurando que los usuarios no se queden sin recibir las sesiones de su tratamiento.
Alejandro Svarch Pérez, director general de IMSS-Bienestar.
“Estamos en proceso de sustitución y garantizando la continuidad de todos los pacientes de hemodiálisis (..) es fundamental que este cambio no afecte su salud mientras combatimos estas prácticas abusivas”, señaló.
Respecto a los procedimientos legales y administrativos emprendidos contra los responsables de la contratación del servicio con sobrecostos, indicó que el gobierno federal seguirá investigando el caso, dado que se vieron afectados los recursos destinados a la salud pública de la población.
Incluso, expresó que dicha firma ya había sido vinculada con el portal de noticias Latinus, que es propiedad de la familia del excandidato a la Presidencia de la República, Roberto Madrazo.
Asimismo, investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) apuntan a que Zdenko S.A. de C.V. es una farmacéutica que triangulaba recursos para las empresas que financian a Latinus.
Las investigaciones contra Zdenko no son nuevas. En julio del año pasado concluyó el contrato que tenía en Puebla y se suspendieron los servicios de hemodiálisis en siete hospitales públicos, dejando a 484 pacientes renales crónicos sin tratamiento.
En aquel momento se ventiló que la empresa debía ampliar su margen de operación tras el término de su contrato el 30 de junio de 2025, para evitar dejar sin servicio a la población; no obstante, la firma notificó la cancelación total y solo se atendieron estrategias mediante una prórroga extraordinaria.
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