El día Internacional de la Mujer, que se celebró este 8 de marzo, mas allá de las diversas marchas para exigir el fortalecimiento de los derechos a las mujeres, dejó en México buenas noticias para este género: el anuncio de dos triunfos legales de féminas contra las dos dependencias armadas del país, la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaria de Marina (Semar).
Ambas mujeres, una de ellas indígena, enfrentaron por años juicios contra estas poderosas dependencias sin atisbo de éxito, hasta que finalmente los tribunales les dieron la razón condenando a uno de los elementos de la Sedena a 20 años de prisión, y a la Semar a pagar una millonaria indemnización.
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En el primero de los casos, Inés Fernández, una activista indígena me’phaa originaria de Guerrero, obtuvo una ansiada victoria contra el poder militar, al serle notificada la condena de 20 años a uno de 11 militares que la torturó sexualmente hace casi 21 años, cuando ella tenía 25 años, irá finalmente a la cárcel.
En una conferencia de prensa que se realizó en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en la Ciudad de México, la mujer indígena dijo que “Este 8 de marzo quiero decir que una mujer me’phaa le ganó la batalla al poder militar”.
Este seria uno de los primeros casos en los que se alcanzó una sanción concreta y efectiva contra de un miembro del ejército mexicano, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), en Tlachinollan,
Vidulfo Rosales, abogado en el CDHM, informó de que el pasado 1 de marzo el Tribunal Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero emitió una sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de Hugo Humberto García de León, uno de los militares que torturaron a Fernández.
Los hechos datan de el 22 de marzo de 2002, cuando Inés tenía 25 años, y fue víctima de abuso sexual a manos de 11 efectivos del Ejército mexicano. Según lo relata, al denunciar se enfrentó a la discriminación por ser mujer e indígena y a la ineficiencia de las autoridades mexicanas.
Para obtener justicia, Inés tuvo que llevar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que el 30 de agosto de 2010 declaró al Estado mexicano culpable de ejercer violencia institucional castrense en su contra.
"Yo quiero decir a las mujeres que me están escuchando que no deben callar. No se callen, para que las autoridades las escuchen y cumplan con su obligación de proteger sus derechos", expresó #InésFernandez en su lengua materna Me'Phaa, traducida por Olvia Arce. #8M#8Marzo pic.twitter.com/oLIgXwNLqc
— Centro Prodh (@CentroProdh) March 8, 2023
El organismo le ordenó, entre otras cosas, juzgar en instancias civiles y no en un tribunal militar todos aquellos casos en los que hubiera elementos del Ejército que incurrieron en violaciones de derechos humanos.
Por esta causa, el Gobierno mexicano se vio obligado a restablecer el proceso por la agresión a Inés y en 2013, se arrestó a dos de sus presuntos agresores. Uno de ellos falleció en la prisión del Campo Militar, en las afueras de Ciudad de México, y el otro, García, fue condenado a prisión este 2023.
En el otro caso, un tribunal federal condenó hoy a Semar a pagar 3.7 millones de pesos a una mujer del estado de Veracruz que, en agosto de 2012, fue detenida ilegalmente por marinos en su domicilio, torturada durante 12 horas en una base naval y presentada como integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Esta semana, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió que la Semar incurrió en responsabilidad patrimonial del Estado, por la actuación irregular de sus elementos en el caso de Claudia Medina Tamariz, quien lleva más de 5 años litigando para obtener una reparación del daño.
También se informó que además del pago, la Semar tendrá que publicar la sentencia de hoy y los fallos penales favorables a Medina, en los mismos medios y con la misma intensidad con la que difundió que era integrante del CJNG.
En la fecha de los hechos, Medina fue acusada por la entonces PGR de posesión de arma prohibida y otros delitos y, si bien, sólo estuvo en prisión dos semanas, tuvo que esconderse por una orden de aprehensión posterior por delincuencia organizada en la modalidad de robo de vehículos,
Tuvieron que pasar casi tres años para que llegara la sentencia de un tribunal unitario de circuito que la absolvió, en definitiva, en febrero de 2015. Por su parte, la Semar nunca resolvió la solicitud de indemnización presentada por Tamariz en 2017, por lo que operó la negativa ficta, es decir, se entendió que rechazaba la petición, pero el TFJA revocó hoy esta negativa y declaró acreditados los hechos que se imputan a la dependencia.
Triunfos legales ante Sedena y Semar, reivindican a mujeres
Con Información de Agencias
