Tras considerar que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) eran suficientes para iniciar un proceso, un juez de control decidió vincular a proceso a cuatro militares implicados en los asesinatos del caso Nuevo Laredo.
Así lo dictaminó el representante del poder judicial este miércoles durante la segunda jornada de la audiencia, en la que los elementos del Ejército Mexicano fueron imputados por la Fiscalía de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
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Delitos que habrían cometido contra cinco jóvenes en la mañana del 26 de febrero en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, informó el Consejo de la Judicatura Federal.
Los militares se encuentran bajo resguardo del propio ejército, ya que desde inicios de semana, el Juez del caso ordenó prisión preventiva en una instalación militar de la capital para los cuatro uniformados.
Los soldados fueron señalados por disparar sin justificación contra los ocupantes de una camioneta pickup, matando a cinco hombres e hiriendo a otro, de acuerdo a un informe de marzo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El reporte refiere que los cuatro militares dispararon 117 tiros contra el vehículo. Tres de ellos dijeron que abrieron fuego para apoyar al primero de sus compañeros que comenzó a disparar.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) justificó en su momento el actuar de los soldados alegando que escucharon disparos y se acercaron a una camioneta que circulaba sin placas y con las luces apagadas y que los ocupantes del vehículo “al observar la presencia de las tropas, aceleraron velocidad de manera intempestiva y evasiva”.
Los soldados declararon que la camioneta se estrelló contra un vehículo estacionado y que, cuando escucharon el choque, abrieron fuego.
Según los informes sobre el lugar de los hechos, no hubo indicios de que se hayan encontrado armas en el vehículo después de los disparos y la CNDH dijo que no había evidencia de disparos contra la patrulla del Ejército.
Soldados e infantes de Marina han sido atacados frecuentemente por sicarios de cárteles fuertemente armados que operan en Nuevo Laredo, donde también se han escenificado en el pasado violaciones de derechos humanos por parte de los militares.
En 2021, la Armada de México entregó a 30 infantes de Marina a los fiscales civiles para que enfrentaran la justicia en los casos de personas desaparecidas durante operaciones contra la delincuencia en Nuevo Laredo en 2014. Los elementos de la Marina fueron acusados de acorralar a supuestos sospechosos, de algunos de los cuales no se supo más. Decenas de personas desaparecieron en Nuevo Laredo durante 2018.
Vinculan a proceso a militares del caso Nuevo Laredo
Con Información de Agencias
