El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue vinculado a proceso por el presunto delito de desempeño irregular de la Función Pública, mediante la entrega de cinco concesiones de trasporte.
Asimismo, el juez de control le dictó Prisión Preventiva Justificada de hasta dos años, para evitar pueda sustraerse de la justicia.
Aunque el plazo de cierre de investigación acordado es de dos meses.
El vinculado a proceso, insistió en ser perseguido político de la actual administración estatal.
De acuerdo a la carpeta administrativa 154/2017, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción imputó entrega ilegal de cinco concesiones para la operación de «carritos de golf».
Porque no hubo convocatoria para la oferta de concesiones tampoco se justificó la necesidad del servicio y los ingresos por derechos de operación no ingresaron a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
La defensa del ahora vinculado adujo que al estar Quintana Roo adherido al Convenio de Coordinación Fiscal, los pagos por tal concepto están suspendidos.
Además de que pretenden regirles con base en una ley abrogada desde 1996.
Pero el juez de control desestimó los elementos y consideró que el ex gobernador es presunto responsable del delito de Desempeño Irregular de la Función Pública, porque actuó de tal manera a sabiendas de que infringe la Ley.
Definen situación jurídica del exgobernador Borge; le imputan desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito del poder.
Determinó Prisión Preventiva Justificada de hasta dos años, plazo máximo que pudiera derivar el proceso.
Porque aun cuando Borge Angulo enfrenta dos procesos penales: uno federal y otro local, puede sustraerse de la justicia, en caso de obtener su libertad en ambos.
Pero los fiscales anticorrupción y la defensa del vinculado acordaron el cierre de investigación en dos meses.
El exgobernador permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial (Ceferepsi) de Ayala, Morelos.
Su defensa recurrirá al Juicio de Amparo, porque no hay elementos que fundamenten las imputaciones y confía que la justicia federal revierta el resolutivo del juez de control.
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