Luego de recibir el Protocolo de Actuación para Atender la Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género en el Estado de Quintana Roo, de manos de Silvia Damián López, directora del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), Óscar Montes de Oca Rosales, fiscal General del Estado, señaló que en Quintana Roo las mujeres tienen igualdad de oportunidades en la vida política.
La Fiscalía General del Estado cuenta ahora con el Protocolo derivado del Artículo 133 del Código Penal de Quintana Roo, el cual se apega para la persecución de esos delitos; de igual forma, se refrenda el actuar con perspectiva de género para investigar y procurar justicia en todos los delitos que afecten a las mujeres.
Asimismo, reconoció que las mujeres quintanarroenses han tenido destacada participación en la vida política y en la construcción de un futuro más justo.
Durante el evento, realizado en el auditorio del planetario Ka´Yok, Karla Rivero González, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, hizo la presentación del libro “Hacia una justicia Verdadera”, que contiene la historia de mujeres que padecieron violencia en sus procesos penales.
De igual forma, se anunció la preliberación de mujeres recluidas en un centro penitenciario, dando así cumplimiento con base en lo establecido en la ley.
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En México hay más de 10 mil mujeres en situación de cárcel
En Quintana Roo las mujeres tienen igualdad de oportunidades en la vida política.
Según datos recientes dados a conocer por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en el país hay 10 mil 722 mujeres en situación de cárcel, de las cuales 9 mil 601 están en penitenciarias estatales y 1 mil 121 en federales.
Las mujeres en este escenario suelen experimentar un doble castigo, la condena por el delito cometido que conlleva a la pérdida de la libertad, la privacidad y algunos otros derechos y, a la par, el abandono social y familiar.
Según números de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el año pasado en la capital había 1 mil 547 mujeres en esa circunstancia: 385 están por robo calificado, 6 por robo simple, 26 por lesiones, 291 por homicidio, 154 por delitos contra la salud, 121 por delitos sexuales, 300 por privación ilegal de la libertad, 21 por uso de armas de fuego y explosivos, 33 por delincuencia organizada, 44 por extorsión y 166 por delitos diversos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos calcula que el 80% de la población de Centros Femeniles de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla y Tepepan, están abandonadas por sus familiares y amigos.
En el evento también participaron Nora Cerón González, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo; Mayra San Román Carrillo, consejera presidente del Instituto Electoral de Quintana Roo y Marco Antonio Toh Euán, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en Quintana Roo.
