Ayuntamiento de OPB firma convenio con empresa investigada por la Auditoría Superior.- La empresa Lumo Financiera S.A. de C.V., contratada por el Ayuntamiento de Othón P. Blanco para el arrendamiento de camiones compactadores de basura, se encuentra demandada ante la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo), por actos de corrupción en la renta de vehículos.
La semana pasada, el tesorero del gobierno municipal, Miguel Cheluja Martínez, confirmó que la administración pública municipal concretó un acuerdo con la empresa Lumo Financiera S.A. de C.V. para el arrendamiento de al menos 10 unidades.
Que serán puestas en funcionamiento para brindar este servicio a partir del próximo lunes 15 noviembre, hasta que concluya la presente gestión y estarán a cargo de la Dirección de Servicios Públicos.
De acuerdo con el convenio, el gobierno othonense pagará un millón 160 mil pesos mensuales por la renta de estos camiones.
En el cual se incluye el mantenimiento preventivo y correctivo, el seguro en caso de accidente y el sistema de localización satelital, entre otros detalles.
Ayuntamiento de OPB firma convenio con empresa investigada por la Auditoría Superior; la denuncia contra Lumo Financiera fue hecha por diputado.
Sin embargo, el miércoles 6 de octubre de este año, el diputado local Roberto Erales Jiménez presentó una demanda ante la Aseqroo en contra de esta empresa que tiene su sede en el Estado de México, por la simulación de arrendamiento de vehículos a dependencias estatales para el uso de servidores públicos, por una cantidad superior a los 190 millones de pesos.
Además, aseguró que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que se inicie la indagatoria correspondiente.
Y es que esta empresa -vinculada con Enrique Peña Nieto- ha sido señalada en diversas ocasiones por incurrir en contratos de adjudicaciones directas para la renta de autos de lujo a funcionarios del gobierno mexicano y en el cobro a sobreprecio de sus servicios.
Como es el caso de la renta de 85 autos de lujo a funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en julio de 2015.
Incluso, su propietario, Luis Humberto Montaño García, es investigado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por presuntos conflictos de interés al otorgar créditos a municipios que simulaban una reestructuración de su deuda pública.
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