Roberto Borge enfrentará una nueva imputación en el Juzgado Penal Oral de Chetumal. El ex mandatario de Quintana Roo se habría anticipado con nueva defensa, así lo hizo con el caso Vip-Saesa.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a través de sus fiscales, formuló una nueva imputación en contra de Roberto Borge y solicitaron su debida vinculación a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública, en lo que respecta a la carpeta administrativa 154/2017.
De acuerdo con la audiencia celebrada en una sala del Poder Judicial del Estado de Chetumal, los fiscales formularon una nueva imputación y solicitaron al juez de control la vinculación a proceso del ex mandatario de Quintana Roo, acusado de otorgar indebidamente cinco concesiones a personas morales en el municipio de Isla Mujeres.
La acusación está basada en que el exfuncionario, teniendo facultad de otorgar estos permisos, ordenó la entrega discrecional de dichas concesiones y se presume que violó diferentes leyes y reglamentos, catalogado como un hecho delictivo, como lo establece el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Enfrenta el exgobernador Roberto Borge nueva imputación; comparece de forma virtual por entrega de concesiones. Aplaza posibilidad de nueva vinculación.
Una vez formulada la acusación, con el apoyo de la defensa, el exmandatario solicitó la ampliación del tiempo constitucional a 144 horas, a fin de que sus defensores puedan conformar una debida representación.
Dicho esto, el juez otorgó el plazo y ordenó a las partes interesadas a presentarse el día 12 de noviembre a las 10 de la mañana (horario de Quintana Roo), para que se desahoguen los debates correspondientes y los medios de prueba que fueron solicitados para ese día.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a través de sus fiscales, formuló una nueva imputación en contra de Roberto Borge y solicitaron su debida vinculación a proceso.
La Fiscalía Anticorrupción puntualizó que se trabaja en todo momento para conseguir que todos los servidores públicos, acusados por diferentes delitos, reparen totalmente el daño causado al estado y a cada una de sus instituciones.
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