El fiscal general del Estado, Óscar Montes de Oca Rosales, compareció ante la XVI Legislatura.
Destacó avances en la materia. Aunque recibió cuestionamiento de varios diputados.
Durante su exposición, el fiscal general del Estado afirmó que el presupuesto para el presente ejercicio recibió presupuesto de 872 millones 396 mim 236 pesos.
Sin embargo, el 80 por ciento es destinado para el pago de nómina de mil 850 trabajadores.
El 20 por ciento restante es para gastos operativos, que son limitados.
Expuso que tras ser designado en tal posición, en diciembre del 2018, se recibió rezago del 89.9 por ciento, sin embargo se logro disminuir a 71.6.
La reestructuración, profesionalización y certificación del personal ha permitido abatir el rezago.
Montes de Oca Rosales indicó que el robo continúa como el delito que más lacera a la población.
En el último año se iniciaron 20 mil 50 carpetas administrativas, que representan el 43 por ciento de los delitos denunciados.
Por secuestro hubo 24 mientras que por narcomenudeo, mil 28. Con base a este último se incautaron 685 kilogramos de estupefacientes.
Por homicidio se abrieron mil 500 carpetas, de las cuales 685 fueron dolosos.
Paralelamente se registraron cinco multihomicidios.
El robo de vehículos ascendió a tres mil 387.
Los delitos contra adolescentes se contabilizaron en 429.
Los delitos sexuales ascendieron a mil nueve, en tanto que contra la Mujer y por Razones de Género, seis mil 380.
En materia electoral fueron indiciadas 64 causas.
Los feminicidios fueron 16, de los cuales tres vinculaciones y cinco sentencias.
Las Alertas por Violencia de Género emitidas en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel, derivaron en 26 medidas. De estas 12 quedaron bajo atención de diversos órganos de Gobierno y 14 en la FGE.
Fiscal de Quintana Roo pasa la prueba en el Congreso
El trabajo de autoridades permitió elevar el número de consignados.
Por narcomenudeo en el 2018 se pusieron a disposición a 241 presuntos. Pero al año siguiente, 336.
En el 2018 se consignaron a 89 homicidas mientras que en el 2019 a 153.
El año pasado se inciaron 416 carpetas por robo mientras que en el anterior, 224.
Por secuestro se registraron nueve casos en el 2018 pero al siguiente elevó a 15.
La extorsión incrementó de ocho a 14 denuncias en el 2018 y 2019, respectivamente.
De las 22 recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) se ha cumplido con el 90 por ciento.
Actualmente la FGE registra deficit de 125 millones de pesos del ejercicio fiscal 2019, que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) no ha liberado.
Por ende, no se ha podido contratar a 150 personas cuyo trabajo daría celeridad en la impartición de justicia.
Solicitó al Poder Legislativo recursos adicionales para reforzar este rubro.
Durante sus participación, la diputada de Morena, Gutiérrez Valasis, reclamó que las cifras no sean de acorde a la realidad.
Porque delitos como el narcomenudeo y delincuencia organizada han crecido. Por ende, la inseguridad se agudiza.
Para la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Atenea Gómez Ricalde, el pendiente de la FGE versa en la desatención a los feminicidios y falta de reparación de daños a víctimas.
El debate respecto a la Pena de Muerte es un postulado que urge atender, consideró el legislador del Partido Verde (PV), José de la Peña Segura.
El legislador del Partido del Trabajo (PT), Roberto Erales Jiménez, reiteró la falta de resultados palpables en la materia.
Asimismo, criticó que el fiscal general del Estado haya desplazado a los profesionistas de Quintana Roo al designar a 30 foráneos en posiciones claves.
La perredista Iris Mora Vallejo abanderó el caso de Beatríz Ruiz Buendia, habitante de Othón P. Blanco, la cual tras sufrir durante años violencia intrafamiliar, sufra las vejaciones y dilación en la impartición de justicia, tras la sustracción de su hijo por parte de su ex pareja sentimental.
Las violaciones a derechos humanos son una constante de autoridades de la FGE, acusó Judith Rodríguez Villanueva.
En tanto que el representante de Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Toledo Medina, insistió en que la realidad es diferente al panorama expuesto por el fiscal del Estado.
Coincidió en la necesidad de reforzar a la FGE para cumpla con sus postulados.
Al final se acordó coadyuvar para que la impartición de justicia sea pronta y expedita, para lo cual habrá mayor comunicación.
