Inés Gómez Mont vuelve a colocarse en el ojo del huracán luego de que un Juez de Control ordenó la prisión preventiva en su contra por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada a raíz de una presunta defraudación fiscal de 3.6 millones de pesos, correspondientes al Impuesto Sobre la Renta de 2017.
La investigación contra Gómez Mont inició con una denuncia del Servicio de Investigación Tributaria (SAT), por una supuesta defraudación fiscal de 13.5 millones de pesos, por concepto de Impuesto Sobre la Renta en 2016.
No obstante, al finalizar el sexenio pasado Inés y la entonces Procuraduría General de la República pactaron un acuerdo reparatorio, con el que cubrió la totalidad del daño al fisco en dos pagos. Uno, por 10.9 millones de pesos, realizado el 30 de noviembre de 2018; y otro, por 2.6 millones de pesos, el 7 de junio de 2019.
A pesar de que en ese momento se indicó que ya estaba saldado el presunto fraude fiscal, con el cambio de Administración, la ahora Fiscalía General de la República (FGR) desconoció el acuerdo, asegurando que la Procuraduría Fiscal de la Federación reclamó que era ella y no el SAT la que tenía la atribución para negociar cualquier reparación del daño.
Conjuntamente, la FGR modificó este asunto de fraude al fisco en un caso de lavado de dinero, porque la Unidad de Inteligencia Financiera también presentó una querella por las mismas operaciones bancarias.
Como se recordará, de este expediente surgió la orden de captura en contra de Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por los delitos de delincuencia organizada y lavado, aunque originalmente se trataba de un asunto fiscal.
Hasta el momento son cuatro órdenes de aprehensión giradas en contra de la conductora, pues las otras tres son por el delito de defraudación fiscal.
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