Las investigaciones abiertas por las protestas que paralizaron durante semanas gran parte de Bolivia escalaron este martes con la solicitud de otra orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales entre los principales señalados por el Ministerio Público.
El proceso judicial sostiene que el exmandatario habría tenido participación en las movilizaciones y bloqueos carreteros registrados entre mayo y junio, acciones que fueron impulsadas por organizaciones campesinas de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB).
Las manifestaciones que en su momento se tornaron violentas, tenían como principal exigencia la renuncia del presidente Rodrigo Paz y provocaron el cierre de importantes rutas en el occidente y el centro del país.
Las autoridades atribuyen a Morales los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentados contra los medios de transporte y los servicios públicos, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir. La orden de captura fue emitida por el fiscal Brayan Melgar y, de acuerdo con fuentes cercanas al exgobernante, ya fue notificada.
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El impacto de los bloqueos se reflejó en el desabasto de combustibles, alimentos y oxígeno medicinal en diversas ciudades. Informes oficiales indican que la crisis dejó al menos 16 personas fallecidas, de las cuales 13 habrían perdido la vida al no recibir atención médica de manera oportuna debido a la interrupción de las vías de comunicación. Además, las pérdidas económicas fueron calculadas en más de 3 mil millones de dólares.
La denuncia que originó esta causa fue promovida por dirigentes cívicos de Santa Cruz a principios de julio y posteriormente respaldada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
En el expediente también aparecen el dirigente de la COB, Marco Argollo, así como el líder campesino Vicente Salazar, quien permanece en prisión preventiva desde el 6 de julio dentro de otra investigación relacionada con las mismas movilizaciones.
El exmandatario ha rechazado las acusaciones y asegura que las protestas pretendían obtener respuestas del Gobierno a las demandas de distintos sectores sociales, no forzar la salida del presidente. Sin embargo, durante el conflicto publicó un mensaje en la red social X en el que afirmó que Rodrigo Paz tenía únicamente dos opciones: militarizar el país o convocar a elecciones en un plazo de 90 días.
El exmandatario ha rechazado las acusaciones y asegura que las protestas pretendían obtener respuestas del Gobierno a las demandas de distintos sectores sociales, no forzar la salida del presidente Foto: Cancillería de Bolivia
Después de negociar con algunos de los grupos movilizados, el Gobierno decretó el estado de excepción el 20 de junio y ordenó el despliegue de policías y militares para liberar las carreteras y restablecer la circulación.
Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, donde continúa resguardado por simpatizantes mientras enfrenta otra orden de aprehensión derivada de un proceso por presunta trata agravada de personas.
En esa causa también fue declarado en rebeldía por un tribunal de Tarija tras no presentarse al inicio del juicio, por lo que la Policía mantiene pendiente la ejecución de ese mandato judicial.
Con Información de la Fiscalía de Bolivia
