En una decisión que ya era prácticamente un hecho desde hace varios días, y a pesar de que la crisis por el virus del Covid-19 ha aminorado, la Corte Suprema de los Estados Unidos ordenó este martes al gobierno del presidente Joe Biden mantener en vigor el Título 42., con lo cual los miles de migrantes que se atiborran en la frontera con México ya no podrá pasar.
Esta normativa, que se instauró como una medida sanitaria para controlar el acceso de personas infectadas con el virus a territorio de este país, sigue ahora permitiendo la expulsión inmediata de migrantes en la frontera.
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Cinco jueces del Tribunal Supremo votaron a favor, contra cuatro que votaron en contra, con lo cual se accedió así a la petición de fiscales de 19 estados de congelar la suspensión del Título 42 mientras se decide el caso en una corte en menor instancia.
Por lo cual la Corte Suprema mantendrá indefinidamente los límites al asilo que fueron impuestos durante la pandemia, frustrando las esperanzas de los defensores de la migración que habían estado esperando que se levantaran esta semana.
Además, el Tribunal Supremo extendió una suspensión temporal que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió la semana pasada. Según la orden del tribunal, el asunto se debatirá en febrero y la suspensión se mantendrá hasta que los jueces resuelvan el caso.
Durante el gobierno de presidente Donald Trump al comienzo de la pandemia, Estados Unidos ha expulsó a 2.5 millones de solicitantes de asilo que estaban dentro del país y rechazado a la mayoría de las personas que solicitaron asilo en la frontera con el argumento de prevenir la propagación del Covid-19.
Por su parte, defensores de los migrantes interpusieron una demanda contra dicha política, argumentando que va en contra de las obligaciones estadounidenses e internacionales con las personas que huyen de la persecución. También han argumentado que la política es obsoleta debido a la mejoría en los tratamientos contra el coronavirus.
Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una organización que había estado argumentando en contra del uso del Título 42, declaró que “Estamos profundamente decepcionados por todos los solicitantes de asilo desesperados que seguirán sufriendo a causa del Título 42, pero seguiremos luchando para poner fin a esta política”.
Previamente, un juez federal falló a favor de los activistas en noviembre y fijó el 21 de diciembre como fecha límite para poner fin a la política. Un grupo de estados de tendencia conservadora recurrieron a la Corte Suprema para evitar que se eliminaran dichos límites, advirtiendo de que un aumento de la migración afectaría los servicios públicos y causaría una “calamidad sin precedentes”.
Roberts, que se ocupa de los asuntos de emergencia que llegan de los tribunales federales de la capital del país, dictó una suspensión para dar tiempo al tribunal a examinar más a fondo los argumentos de ambas partes.
El gobierno federal pidió a la Corte Suprema que rechazara la postura de los estados, aunque también reconoció que poner fin a las restricciones de forma abrupta probablemente provocaría “trastornos y un aumento temporal de los cruces ilegales de la frontera”.
Esta decisión de la Corte Suprema amenaza con convertirse en una crisis humanitaria, pues se produce en un momento en el que miles de migrantes se han congregado en el lado mexicano de la frontera, llenando los albergues y preocupando a los activistas que se esmeran por encontrar la forma de atenderlos.
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Con Información de Agencias
