Al avalar el dato del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, cuya investigación revela la existencia en México de poco más de 52 mil cuerpos sin identificar, el subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, advirtió falta de voluntad política y de capacidades de las autoridades estatales para atender esta problemática.
En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el funcionario señaló que las instancias locales no generan y tampoco comparten información, aun cuando hasta ahora se han destinado más de 3 mil millones de pesos de recursos federales a las entidades para atender este asunto específico.
Explicó que en 2019 se tenía un censo de 37 mil personas sin identificar (8000 en servicios forenses y el resto en fosas comunes).
En 2020 la cifra aumentó a 39 mil, acorde con datos de Asociaciones no gubernamentales.
En tanto el censo nacional de procuración de justicia, del Inegi, documentó 9 mil 400 restos humanos en esta condición.
Son 10 entidades las que agrupan 80 por ciento de los restos humanos sin identificar: Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa y Sonora.
Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), advirtió que no será suficiente con aumento de recursos para atender esta crisis o emergencia forense nacional.
“Tenemos que pensar que el problema está en la falta de compartir información, en negligencia y en obstrucción”, advirtió.
Destacó la importancia de lograr el análisis masivo de los restos humanos porque los objetivos no se alcanzarán con los mecanismos forenses tradicionales.
Este enfoque masivo se está realizando ya en centros regionales ubicados en Coahuila y San Luis Potosí.
Para ello se elabora una iniciativa de ley para conformar el centro nacional de identificación humana.
Otra propuesta es que la conferencia de secretarios de seguridad pública promueva el intercambio de información contenida en las distintas bases de datos, y fortalecer los servicios, pero cuáles en las fiscalías estatales.
Igualmente se busca generar una norma oficial para la operación de sitios de resguardo de cuerpos, entre otras acciones para confrontar y analizar perfiles genéticos de manera masiva.
Igualmente integrar un banco nacional de información genética, en colaboración con instancias del sector privado.
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