El gobierno federal advirtió de la persistencia de casos de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes desaparecidas por acciones de bandas de trata de personas.
Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó un informe general de la problemática de personas desaparecidas y no localizadas, con énfasis en la afectación por género.
“Las mujeres representan el 24.8 por ciento de las personas desaparecidas, pero si nos enfocamos en el rubro de las niñas y adolescentes menores de 18 años, éstas representan el 55.65 por ciento de ellas (del total de no localizadas) y la mayoría de éstas – y este es un dato que debe preocuparnos, estamos haciendo un trabajo específico no sólo de búsqueda en vida sino atacar el fenómeno de la trata de personas- corresponde al estrato de edades es de 10 y 19 años”, indicó.
A su vez, el 62 por ciento de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas se concentran en el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Puebla y la Ciudad de México.
Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), dijo en relación con este tema que la mayoría de las víctimas son adolescentes o adultas jóvenes y la hipótesis de búsqueda es la trata de personas e incluso con perfiles físicos similares.
“Toda desaparición de mujer tiene que establecerse hipótesis de razones de género”, explicó
El subsecretario Encinas dijo en principio, como se ha hecho en otros reportes, que el incremento en el hallazgo de fosas clandestinas y cuerpos recuperados corresponde a la confrontación de grupos delictivos en distintas regiones del país, pero también a la intensificación de labores de búsqueda.
Solamente de enero a la primera semana de abril del año en curso, precisó, se han llevado a cabo 293 acciones de búsqueda, pero también se ha incrementado el descubrimiento de fosas y exhumación de cuerpos, en particular por el trabajo de organizaciones de familiares de víctimas.
A pesar de que este fenómeno prevalece, agregó, en 2020 se registró una disminución de 33 por ciento en el número de fosas localizadas y de cerca del 18 por ciento en los cuerpos recuperados, respecto al 2019, tendencia que se mantiene en el primer trimestre de 2021.
También hay un incremento en la entrega de cuerpos recuperados, de los 2 mil 736 cuerpos recuperados en estos sitios de inhumación clandestina, de diciembre de 2018 a marzo de 2021, cerca del 38 por ciento han sido identificados y el 22.6 por ciento entregados a sus familiares.
Encinas indicó que 5 entidades concentran el 65.9 por ciento de los cuerpos recuperados de fosas clandestinas: Jalisco, Sinaloa, Colima, Guanajuato y Sonora.
A nivel general y nacional, el número de personas desaparecidas o no localizadas alcanza al día de hoy la cifra de 85 mil 006, de 2006 a la fecha.
Una decena de entidades concentran el 76.2 por ciento de los casos, entre estos, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato Ciudad de México, Nuevo León, Sonora, Zacatecas y Estado de México.
Precisó que se registra una disminución de 22.5 por ciento en el número de reportes de desaparición en el año reciente, la baja más significativa, lo cual “marca una tendencia en los últimos dos años, después de los picos alcanzados en 2019”.
De las 44 mil personas reportadas como desaparecidas en el actual sexenio, fueron localizadas el 55.8 por ciento, y de ese total, 92 por ciento fueron ubicadas con vida y 8 por ciento ya fallecidas.
Luego precisó que el mayor número de fosas (615) también se concentra en un puñado de municipios.
Encabeza la lista Tecomán, Colima, Ursulo Galván, Veracruz; Acapulco, Guerrero; Playa Vicente, Veracruz; Salvatierra, Guanajuato; Ahome, Sinaloa; Mazatlán, Sinaloa; Manzanillo, Colima; Acámbaro, Guanajuato, y Puerto Peñasco, Sonora.
En cuanto a municipios con mayor número de cuerpos exhumados (de un recuento de mil 305) el recuento inicia con Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; El Salto, Jalisco; Tecomán, Colima; Zapopan, Jalisco; Mazatlán, Sinaloa y Ahome, Sinaloa, entre otros.
Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), en su participación en la conferencia matutina del día de hoy.
Recuento histórico
El primer reporte de una persona desaparecida en México fue en 1964; a partir de entonces, la suma es de 217 mil 193 con un reporte de esa naturaleza, de las cuales el 40.8 por ciento (86 mil 663) prevalecen como personas desaparecidas y no localizadas, y cerca del 60 por ciento han sido localizadas, la mayor parte (93 por ciento) con vida.
En lo que va del actual sexenio el registro son 44 mil 174 reportes, de los cuales han sido localizadas 24 mil 647, el 55 por ciento, de las cuales 92 por ciento localizadas con vida.
“No queremos cantar victoria, pero esto va avanzando bien, hay respuestas importantes por parte de las fiscalías y los estados y esto rendirá mayores frutos”, dijo Encinas en cuanto a la estrategia en esta materia.
Los 10 estados con más reportes de personas desaparecidas son: Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y el Estado de México, que concentran el 76 por ciento, lo cual representa un fenómeno de regionalización de este problema, indicó.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, durante la mañanera de hoy.
Periodista desaparecido
En relación con Alfredo Jiménez Mota, periodista sonorense desaparecido el 2 de abril de 2005, los funcionarios dijeron que hay un plan de búsqueda.
El caso fue atendido desde el 2009 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y admitió el expediente como violaciones a su integridad, a las garantías judiciales, libertad de pensamiento y expresión, y protección judicial.
Encinas informó que a partir de 2018 el Estado mexicano tuvo acercamiento con familiares de Jiménez Mota para dar atención a todo el procedimiento en la CIDH a fin de establecer un acuerdo de solución amistosa.
Desde diciembre se sientan las bases de ese acuerdo que abordaría seis elementos fundamentales, principalmente para investigar el caso, reconocer la responsabilidad en esta desaparición, fijar compensación económica, medidas de rehabilitación y garantías de no repetición.
Sin embargo, acotó Quintana, al solicitar mayor información de la indagatoria, la FGR “respondió anoche de manera muy general diciéndonos que no nos van a dar acceso a la carpeta, situación muy preocupante porque ha ocurrido en otras investigaciones”.
El representante de la familia de Alfredo también busca la manera de tener acceso a este expediente.
Encinas dijo que la Procuraduría General de la República no hizo ninguna investigación las administraciones anteriores.
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