El ex accionista principal de Ficrea, Rafael Antonio Olvera Amezcua, quedó sujeto a prisión preventiva justificada por orden del juez de control del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, y será hasta el próximo lunes 7 de marzo cuando se defina su situación jurídica.
La audiencia inicial del acusado por defraudación fiscal comenzó la noche del miércoles, pero fue suspendida en la madrugada de este jueves, cuando sus abogados solicitaron la duplicidad del término constitucional, con el fin de conocer la carpeta de investigación judicializada por la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante la audiencia, el Ministerio Público informó al juez su intención de acusar formalmente al empresario de omitir el pago del Impuesto Sobre la Renta por más de 185 millones 41 mil pesos, correspondientes al ejercicio fiscal de 2013.
Olvera Amezcua deberá enfrentar también otros cargos por defraudar a más de 6 mil ahorradores de Ficrea, empresa que se declaró en quiebra hace más de ocho años, causando daños en el patrimonio de quienes depositaron en ella su dinero, la mayoría de ellos adultos mayores.
El empresario fue extraditado desde los Estados Unidos ayer miércoles, y de inmediato presentado ante el juez de control.
El próximo lunes se reanudará la audiencia donde se determinará si Olvera Amezcua, ex dueño de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo), Ficrea, es vinculado a proceso, porque el empresario solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica.
A petición de la fiscalía, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal en el reclusorio Sur, determinó que Olvera Amezcua debe permanecer en prisión ante el riesgo de que evada la justicia.
Lo anterior, porque no tiene un domicilio cierto, y el único que tenía está asegurado. Además, tiene acceso a recursos económicos que le facilitarían abandonar el territorio nacional y porque existen más investigaciones en su contra.
También tiene diversas órdenes de aprehensión que implicaría su inmediata detención por otros hechos.
Los fiscales mencionaron que el empresario manifestó en su declaración fiscal consistente en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en 2013 ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, toda vez que declaró haber recibido 10 millones 270 mil 132 pesos, pero la autoridad fiscalizadora detectó que obtuvo 627 millones 75 mil 333 pesos, con lo cual dejó de pagar el ISR por 185 millones 41 mil 280 pesos.
Ayer, el gobierno de Estado Unidos deportó a México al ex dueño de Ficrea en el Puente de Lincoln-Juárez, que une a las ciudades de Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Contra Olvera Amezcua existen diversas órdenes de aprehensión, entre ellas, por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Es señalado de supuestamente defraudar a más de seis mil personas, en su mayoría adultos mayores. Se presume que desvió más de 7 mil millones de pesos, dinero que era de los ahorradores.
Ahorradores “ven luz” para recuperar su dinero
Con la deportación de Estados Unidos a México de Rafael Antonio Olvera Amezcua, ex dueño de la Sociedad Financiera Popular (Ficrea), los ahorradores esperan se acelere el proceso para recuperar su dinero tras siete años en espera de que se haga justicia.
Los afectados harán una exigencia el próximo lunes a la Fiscalía General de la República (FGR) para que en términos del artículo 20° de la Constitución se reparé el daño patrimonial y moral, informó Javier Paz, presidente de la Comisión de Ahorradores, Jurídica y de Enlace de los afectados de Ficrea.
“Ésta ha sido una grave situación para miles de ahorradores que hemos encontrado cerrazón total, afortunadamente hoy se logró la traída de Olvera Amezcua y esperamos que responda ante el juez y que se repare el daño causado”, sostuvo en entrevista para Milenio Televisión.
El ex dueño de Ficrea es señalado de defraudar a más de 6 mil 800 personas, en su mayoría adultos mayores, con la desaparición de más de 7 mil 100 millones de pesos. “Más de 400 ahorradores han muerto, ya no vieron ellos su patrimonio, pero los que estamos aquí en su nombre exigimos que haya respeto a la ley y que no vaya a haber algún artilugio o alguna maraña para liberarlo”, añadió Javier Paz.
Sobre su reunión con Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el presidente de la Comisión de Ahorradores afectados dijo que sus argumentos fueron escuchados y que manifestó que se iba a hacer el estudio técnico, jurídico y financiero, y presentar la propuesta de la subrogación para recuperar su dinero al Ejecutivo federal.
“Hubo una buena disposición con la Comisión de Ahorradores que acudimos con él, escuchó nuestros argumentos. Le demostramos con documentos en la mano que hay en activos 7 mil 100 millones de pesos en Ficrea, cantidad suficiente para pagarnos el 100 por ciento más los intereses, y propusimos una figura jurídica que es la subrogación, donde todos los bienes se los cedemos al Estado y el Estado nos paga a nosotros”, añadió.
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